IRÁN: GRAVE RIESGO DE EJECUCIÓN PARA JOVEN CON DISCAPACIDAD

Mohammad Ghobadlou corre grave peligro de ser ejecutado en relación con las protestas registradas por todo Irán, en medio de un repunte de las ejecuciones desde finales de abril. Le han impuesto dos condenas a muerte tras unos simulacros de juicio manifiestamente injustos, caracterizados por “confesiones” obtenidas mediante tortura y el hecho de que no se ordenase que se llevaran a cabo evaluaciones de salud mental rigurosas pese a su discapacidad mental. A finales de mayo de 2023, su abogado reveló que el Tribunal Supremo había rechazado una petición de revisión judicial de una de sus condenas a muerte, lo que hizo temer que su ejecución pudiera llevarse a cabo de forma inminente.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Presidente de la Magistratura / Head of the Judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei c/o Embassy of Iran to the European Union, Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Bélgica

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

Mohammad Ghobadlou, de 22 años y con discapacidad mental crónica, corre peligro inminente de ser ejecutado en la prisión de Raja'i Shahr, en Karaj, provincia de Alborz. El 23 de mayo, el abogado de Mohammad Ghobadlou reveló públicamente que la Sala Primera del Tribunal Supremo había rechazado una solicitud de revisión judicial de la condena a muerte por “asesinato”, dictada por el Tribunal Penal Uno de la provincia de Teherán el 24 de diciembre de 2022 y confirmada por el Tribunal Supremo a finales de abril. El abogado señaló que el Tribunal Supremo no había tenido en cuenta las objeciones planteadas, entre ellas las relacionadas con la salud mental de Mohammad Ghobadlou. Su segunda condena a muerte, impuesta por un tribunal revolucionario por “corrupción en la tierra” el 16 de noviembre de 2022, fue confirmada por el Tribunal Supremo el 24 de diciembre de 2022; sigue pendiente una solicitud de revisión judicial. A Mohammad Ghobadlou le han impuesto dos condenas a muerte en relación con la muerte de un agente al que, según las autoridades, el joven habría atropellado con un automóvil durante una protesta que tuvo lugar en Robat Karim, provincia de Teherán, el 22 de septiembre de 2022.

El derecho de Mohammad Ghobadlou a un juicio justo se violó flagrantemente. Según la información obtenida por Amnistía Internacional, durante la fase de la investigación las autoridades le negaron el acceso a asistencia letrada, lo golpearon en repetidas ocasiones y le retiraron la medicación que tomaba para tratar su trastorno bipolar a fin de obligarlo a “confesar” que había atropellado deliberadamente a varios agentes para causarles la muerte. Un informe forense fechado el 20 de octubre de 2022 confirma que, bajo custodia, sufrió contusiones y lesiones en el cuerpo. En el juicio celebrado ante el tribunal revolucionario —que consistió en dos breves sesiones el 29 de octubre y el 15 de noviembre de 2022— le fue negada asistencia letrada elegida de forma independiente. Las autoridades lo recluyeron en régimen de aislamiento entre las dos sesiones, lo privaron de acceso a sus familiares y a su equipo de defensa y lo mantuvieron sin medicar, con lo que su situación de vulnerabilidad se agravó. El juicio ante el Tribunal Penal Uno también consistió en dos breves sesiones, los días 4 y 10 de diciembre de 2022, en las que Mohammad Ghobadlou se vio privado del derecho a una defensa adecuada porque a su abogado, elegido de forma independiente, se le negó el acceso a pruebas materiales. Otra infracción grave fue no ordenar evaluaciones independientes rigurosas de su salud mental que, según su familia y su abogado, habrían aportado pruebas de que su discapacidad mermaba sustancialmente su responsabilidad. El derecho y las normas internacionales prohíben el uso de la pena de muerte contra personas con discapacidad mental.

Lo insto a anular inmediatamente las sentencias condenatorias y las penas de muerte de Mohammad Ghobadlou y a conceder a éste un nuevo juicio que sea justo y en el que no se recurra a la pena capital, que esté en consonancia con el derecho y las normas internacionales que prohíben la imposición de la pena de muerte a las personas con discapacidad mental, en el que no se admitan “confesiones” obtenidas mediante coacción y en el que se tengan en cuenta las necesidades especiales relacionadas con la discapacidad que sufre. Lo insto además a garantizar que Mohammad Ghobadlou recibe un tratamiento oportuno y adecuado de salud mental y tiene acceso periódico a su familia y a su abogado. Asimismo, debe efectuarse una investigación independiente e imparcial sobre sus denuncias de tortura y otros malos tratos, y todas las personas con presunta responsabilidad penal deben comparecer ante la justicia. Por último, debe establecerse de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte.

Atentamente, [NOMBRE]

Información complementaria

Mohammad Ghobadlou llevaba bajo la supervisión de un hospital psiquiátrico por trastorno bipolar desde que tenía 15 años. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que, durante los dos meses que precedieron al incidente y a su detención el 22 de septiembre de 2022, había dejado de tomar su medicación, lo que le había provocado angustia y episodios extremos de mal humor. Tras su detención, estuvo recluido durante varios días en un centro de detención de la Policía de Seguridad Pública, dependiente de la Fuerza de Aplicación de la Ley (police-e amniat), donde, según la información recopilada por Amnistía Internacional, fue brutalmente golpeado. Según la información a la que ha tenido acceso la organización, tras recibir repetidas palizas y después de que quienes lo interrogaban le prometieran que iban a ponerlo en libertad y facilitarle su salida de Irán, Mohammad Ghobadlou fue obligado a “confesar” y leer ante una cámara de vídeo una declaración previamente redactada. Mientras continuó la fase de investigación, hasta finales de octubre de 2022, el joven permaneció recluido en la penitenciaría central del área metropolitana de Teherán. Durante ese tiempo, lo llevaron ante el instructor jefe de la Sección 1 de la Fiscalía de Robat Karim, en la provincia de Teherán, para interrogarlo. Mohammad Ghobadlou afirmó que, durante cada traslado, los agentes le ataban las manos a los pies, lo metían a empujones bajo el asiento trasero de un automóvil y lo golpeaban.

Desde su detención y hasta después de la primera sesión judicial que tuvo lugar el 29 de octubre de 2022, a Mohammad Ghobadlou lo privaron de la medicación que tomaba para tratar su trastorno bipolar. Esta práctica abusiva, que contraviene la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, le provocó un deterioro de la salud mental. El 1 de noviembre de 2022, su madre hizo público un mensaje de vídeo en el que afirmaba que las autoridades habían prohibido a su hijo recibir visitas, lo mantenían recluido en régimen de aislamiento y no le proporcionaban su medicación. Posteriormente, las autoridades trasladaron al joven desde la penitenciaría central del área metropolitana de Teherán a la prisión de Raja'i Shahr. Allí le proporcionaron la medicación, pero lo mantuvieron recluido en régimen de aislamiento hasta pocos días antes de la segunda sesión judicial que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2022. Amnistía Internacional examinó dos cartas oficiales, del 11 y el 15 de octubre de 2022, que las autoridades superiores de la penitenciaría central del área metropolitana de Teherán enviaron a la fiscalía y en las que se alertaba sobre el estado mental del joven y se pedía su excarcelación por motivos médicos. Los documentos llevan el sello oficial del instructor jefe de la Sección 1 de la fiscalía de Robat Karim, lo que indica que recibieron las advertencias. Pese a ello, el instructor no tomó medidas para garantizar que Mohammad Ghobadlou recibiera su medicación ni ordenó una evaluación en detalle de su salud mental. A Mohammad Ghobadlou lo llevaron ante un psiquiatra que trabajaba para la Organización de Medicina Legal de Irán, el instituto forense de carácter oficial que depende del poder judicial, en una sola ocasión aproximadamente dos semanas después de su detención. Al facultativo no le facilitaron la información general sobre la salud mental del joven ni su historial médico. Sin realizar una evaluación detallada y tras formular varias preguntas generales sobre los sucesos del 22 de septiembre de 2022, el psiquiatra afirmó que Mohammad Ghobadlou había actuado de manera deliberada y que comprendía perfectamente la naturaleza de su conducta. El psiquiatra testificó en este sentido ante el Tribunal Penal Uno de la provincia de Teherán el 10 de diciembre Sin embargo, el 29 de ese mismo mes, el facultativo se retractó de su postura anterior y se sumó a las decenas de psiquiatras que publicaron una carta abierta al presidente de la magistratura en la que insistían en que un comité formado por psiquiatras de prestigio examinara minuciosamente la salud mental de Mohammad Ghobadlou y evaluara su impacto en la capacidad de obrar con discernimiento del joven. Las normas internacionales exigen que, en los casos de pena capital, las personas acusadas tengan acceso a evaluaciones rigurosas e independientes de salud mental en diversos momentos durante todo el proceso de justicia penal; y que, tan pronto como se diagnostique una discapacidad mental, las personas presas reciban un tratamiento oportuno y adecuado y apoyo, y protección contra la imposición de la pena de muerte. Según el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la negación del acceso a apoyo individual y a ajustes razonables constituye discriminación.

El abogado de Mohammad Ghobadlou ha manifestado públicamente que se le había negado el acceso a pruebas materiales, como las imágenes grabadas por una cámara de circuito cerrado de televisión y fotografías del incidente del 22 de septiembre y de las lesiones que presentaba el fallecido en el momento de los hechos o su cadáver tras la defunción. El abogado también ha manifestado que esa falta de transparencia, junto con las notorias discrepancias existentes entre los informes policiales preparados poco después del incidente y las alegaciones posteriores de la fiscalía sobre la naturaleza de las lesiones sufridas por el fallecido, suscita graves dudas respecto a que la conducta de su cliente fuera causa determinante de la muerte. Al oponerse a la pena de muerte, Amnistía Internacional no minimiza ni aceptar la delincuencia violenta. Las familias que han perdido a seres queridos en delitos violentos tienen derecho a ver a la persona responsable rendir cuentas en un juicio justo sin recurso a la pena de muerte. La pena de muerte no es sino un homicidio autorizado por el Estado, de forma vengativa y premeditada, de seres humanos; no es justicia. Esta práctica embrutece a la sociedad y, con el tiempo, devalúa el valor que la sociedad otorga a la vida humana. Amnistía Internacional se opone en todos los casos a la pena de muerte, independientemente del delito del que se trate y de las características de la persona que lo haya cometido.

Desde finales de abril de 2023, las autoridades iraníes se han embarcado en una alarmante oleada de ejecuciones de decenas de personas y han intensificado la aplicación de la pena de muerte como herramienta de represión, en un intento de infundir miedo en la población y acabar con los continuos actos de resistencia contra las autoridades y el poder establecido. Hasta la fecha, las autoridades iraníes han ejecutado arbitrariamente a siete personas en relación con el levantamiento popular, cinco de ellas en 2023.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: persa o inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 11 de agosto de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Mohammad Ghobadlou (masculino)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/mde13/6368/2023/es/

Fotografía: Pixabay