Más de un mes después de su arresto, Adora Faye de Vera, superviviente de la ley marcial, continúa detenida por cargos de asesinato, asesinato frustrado y rebelión. Su familia ha negado los cargos y afirma que la han puesto en el punto de mira por su activismo (entre otras cosas, Adora Faye ha trabajado para que se haga justicia con las víctimas de los abusos de la ley marcial). Adora Faye, ex presa política sometida a tortura y otros malos tratos en 1976, se encontraba en Ciudad Quezón para recibir tratamiento médico cuando fue detenida, el 24 de agosto. Pedimos al gobierno de Filipinas que retire los cargos contra ella y la ponga en libertad de inmediato. Además, Adora Faye debe quedar también en libertad por el deterioro de salud que sufre.
Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo
Secretario de Justicia / Secretary Jesus Crispin C. Remulla
Department of Justice,
Padre Faura Street, Ermita
Manila, Filipinas, 1000.
Señor Secretario Remulla:
Le escribo para expresarle mi preocupación por que Adora Faye de Vera, activista en favor de los derechos de las mujeres y ex presa política, que sobrevivió a la tortura y otros malos tratos durante la ley marcial, siga detenida. Las acusaciones contra ella son infundadas y su detención es arbitraria. Pido que se retiren los cargos contra ella y que sea puesta en libertad de inmediato, especialmente dado su estado de salud.
Me alarmó saber por la familia de Adora Faye que no pudieron hablar con ella y con su abogado hasta dos días después de que fuera detenida el 24 de agosto en Ciudad Quezón, donde estaba recibiendo tratamiento médico por anemia y asma crónica. Posteriormente, Adora dijo a su familia y a su abogado que quienes la detuvieron, presumiblemente agentes de policía, se hicieron pasar por miembros de otro organismo gubernamental (el Departamento de Protección contra Incendios), le mostraron una orden de arresto de hacía 16 años, en la cual sólo alcanzó a distinguir su nombre, y no le informaron de los cargos contra ella ni de sus derechos, como el derecho a tener representación letrada. Lo que es peor, la familia cree que los cargos contra ella son falsos, y que la han puesto en el punto de mira por su activismo, especialmente por tratar de que se haga justicia con las víctimas de abusos de la ley marcial.
El gobierno ha acusado constantemente a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos de pertenecer al Partido Comunista de Filipinas/Nuevo Ejército del Pueblo, y esto ha hecho que aumenten los ataques —incluidos homicidios— contra estas personas. Las autoridades de Filipinas se han comprometido reiteradamente a promover y hacer efectivos los derechos humanos, pero que Adora Faye haya sido arrestada y continúe detenida indica un grave deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.
Le pido que, en consonancia con la postura oficial de su gobierno:
Atentamente,
Información complementaria
Es la tercera vez que el gobierno filipino detiene a la activista y poeta Adora Faye de Vera. La primera fue en 1976, durante la ley marcial. En aquella ocasión fue víctima de tortura y otros malos tratos, incluidos abusos sexuales, a manos del ejército. La segunda fue en 1983. Un informe de Amnistía Internacional publicado en 1982 sobre su detención de 1976, señala:
“Adora Faye de Vera, que entonces tenía 22 años, casada y con un hijo, fue detenida sin orden judicial por un equipo conjunto de personal de inteligencia y agentes de policía junto con otras dos personas, Rolando Federis y Flora Coronacion [...] el 1 de octubre de 1976 [...] Entre octubre de 1976 y el 30 de junio de 1977, fecha en que Adora Faye de Vera quedó en libertad, los tres fueron trasladados de una "casa de seguridad» a otra, donde fueron sometidos a constantes torturas y malos tratos, incluida la violación de las mujeres. Las peticiones para que se notificara su situación a sus familiares, se les proporcionara asesoramiento legal, se los trasladara a un centro de detención normal y se les prestara atención médica fueron denegadas [...]. Las otras dos personas detenidas con Adora Faye de Vera, Rolando Federis y Flora Coronacion, siguen en paradero desconocido y se supone que han muerto.”
Su esposo, Manuel Manaog, organizador comunitario, fue secuestrado en 1990 y sigue en paradero desconocido.
Adora Faye presentó, junto con otras nueve personas, una demanda colectiva contra el patrimonio de la familia del presidente Bongbong Marcos Jr., en Estados Unidos en 1986, para que se hiciera justicia con las víctimas de abusos contra los derechos humanos que se perpetraron bajo la ley marcial proclamada cuando ocupaba la presidencia el difunto padre del presidente Marcos, Ferdinand Marcos Sr. Al final, el tribunal estadounidense declaró a Ferdinand Marcos culpable de violaciones de derechos humanos de cuyos daños debían responder sus herederos.
El 24 de agosto de 2022, Adora Faye, de 66 años, fue arrestada en Ciudad Quezón por unas personas armadas que afirmaron ser agentes de policía. Adora se encontraba en la ciudad para recibir tratamiento médico por su anemia y su asma crónica. Según el grupo de derechos humanos Karapatan, dos mujeres uniformadas se presentaron en su apartamento identificándose como miembros del Departamento de Protección contra Incendios y dijeron que habían ido a comprobar si en el lugar había marihuana. Se fueron y regresaron con otras personas, armadas y que afirmaban ser policías, que dijeron a Adora Faye que estaba detenida.
Se la llevaron al aeropuerto y de ahí a una comisaría en la provincia de Iloilo, a cientos de kilómetros de Ciudad Quezón. Durante dos días, la policía impidió a Adora Faye que se pusiera en contacto con su abogado o sus familiares. El 26 de agosto, un familiar, abogado y asesor parajurídico, se presentó en la comisaría tras confirmar las noticias sobre su paradero. Esa tarde, Adora Faye fue examinada por un médico.
La policía acusó a Adora Faye de ser una dirigente del Partido Comunista de Filipinas contra quien había orden de detención por asesinato, asesinato frustrado y rebelión a consecuencia de una presunta emboscada tendida en 2009 donde murieron agentes de las fuerzas de seguridad.
La práctica de “etiquetar como rojos” a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos a los que el gobierno e individuos desconocidos vinculaban a grupos armados, que existe desde hace decenios, se intensificó en los últimos años bajo la presidencia de Rodrigo Duterte a consecuencia de la ruptura de las conversaciones de paz entre el gobierno y el Partido Comunista de Filipinas en 2017. La subsiguiente Orden Ejecutiva dictada por Duterte (EO 70) establece “un enfoque pan nacional para derrotar a los grupos terroristas locales comunistas” y condujo a la creación de la Fuerza Especial Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Local Comunista. Según los observadores, éste fue el momento en el que comenzó una campaña renovada de etiquetar como rojos, amenazar y hostigar a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos, profesionales del derecho, sindicalistas y otros colectivos concretos considerados afines a la izquierda progresista.
Muchos grupos, incluida Amnistía Internacional y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos han pedido el fin inmediato de este enfoque, preocupados por el aumento de las violaciones de los derechos humanos contra defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos en todo el país que ha generado la estrategia de contrainsurgencia del gobierno, peligrosamente amplia.
Nombre y género gramatical preferido: Adora Faye de Vera (femenino)
Enlace a la AU anterior: no aplicable
Tags: FILIPINAS, SUPERVIVIENTE.
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