Cuando los nuevos dirigentes filipinos, incluido el presidente Ferdinand Marcos Jr., tomaron posesión de sus cargos el 1 de julio, Leila de Lima, presa de conciencia y exsenadora, llevaba más de cinco años detenida. El anterior secretario de justicia anunció que no se retirarían los cargos contra ella, pero su sucesor, Jesus Crispin Remulla, ha afirmado que está dispuesto a revisar su caso tras retractarse de su testimonio tres personas que declararon en su contra. Pedimos al nuevo gobierno que lleve a cabo esta revisión de manera urgente e imparcial, con vistas a retirar los cargos contra Leila y garantizar su inmediata puesta en libertad.
Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo
Secretario de Justicia / Secretary Jesus Crispin C. Remulla
Department of Justice,
Padre Faura Street, Ermita, Manila 10020
Filipinas
Señor Secretario Remulla:
Le escribo para instar a su departamento a que revise de manera imparcial y urgente los dos cargos que pesan contra Leila de Lima, presa de conciencia y exsenadora, con vistas a retirarlos y a asegurar su puesta en libertad inmediata e incondicional. Tras retractarse varios testigos de sus declaraciones contra ella, ahora se ve más claramente que los cargos que aún pesan contra ella son falsos y de motivación política. Esta gran injusticia contra Leila de Lima debe terminar ya.
Nos alegra que usted haya declarado que la retirada de los cargos contra Leila es “posible” tras retractarse varias personas que testificaron en su contra y que afirman que fueron sometidas a presiones, coacción y amenazas por la policía y por altos cargos para implicarla falsa y maliciosamente en actividades de narcotráfico. Y lo más preocupante es que uno de estos testigos actualmente es testigo de la fiscalía, y su testimonio original se ha invocado como motivo para que continúe el juicio contra ella.
Que Leila siga detenida es una clara violación de su derecho a la presunción de inocencia —un derecho absoluto y que jamás puede ser derogado, restringido o limitado— y de otras garantías procesales. Durante más de cinco años, Leila de Lima ha sido víctima de despiadados ataques y de persecución política por su trabajo en favor de los derechos humanos. Nunca debería haber sido detenida, pero lo menos que puede hacer el nuevo gobierno filipino para rectificar esta grave injusticia y demostrar que se propone seriamente restaurar el respeto hacia los derechos humanos es ponerla en libertad de inmediato.
Por consiguiente, pido a su departamento que:
Atentamente,
[NOMBRE]
Información complementaria
La presa de conciencia y exsenadora Leila de Lima, que está detenida en la jefatura de la Policía Nacional de Filipinas desde su arresto, el 24 de febrero de 2017, fue una de las críticas más acérrimas de las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la administración del presidente Duterte. En los cinco años transcurridos desde su detención, Amnistía Internacional ha afirmado reiteradamente que los cargos contra ella eran falsos, al igual que las supuestas declaraciones de testigos en su contra.
Kerwin Espinosa, que fue testigo de la fiscalía, afirmó haber dado a Leila, a través de su exchófer y ayudante Ronnie Dayan, un total de 8 millones de pesos filipinos (unos 152.000 dólares estadounidenses) de dinero procedente del narcotráfico cuando ésta era secretaria de Justicia. En una sesión del Senado celebrada en 2016, Espinosa afirmó que Dayan lo había llamado en 2015 para solicitarle fondos para la campaña de Leila de Lima a cambio de protección, ya que él también estaba implicado en el narcotráfico. En una contradeclaración jurada presentada al Departamento de Justicia el 28 de abril de 2022, Espinosa se retractó de este testimonio.
Rafael Ragos, que fue jefe en funciones de la Dirección de Prisiones, declaró que en 2012 había llevado en dos ocasiones dinero de los presos desde la prisión de New Bilibid a la residencia de Leila de Lima cuando ésta era Secretaria de Justicia. Según su testimonio, el dinero era para su campaña para el Senado, y él había arreglado con Ronnie Dayan la entrega a de Lima de cinco millones de pesos filipinos (unos 95.000 dólares estadounidenses) por transacción. Ragos estaba acusado junto con Leila y Dayan, pero se retiraron sus cargos cuando aceptó testificar contra ella. En una contradeclaración jurada firmada el 30 de abril de 2022, Ragos afirmó que el exsecretario de Justicia Vitaliano Aguirre y otros altos cargos lo habían obligado a “inventarse cosas” contra Leila de Lima, cosa que Aguirre nunca ha admitido.
El 6 de mayo de 2022, Leila de Lima pidió formalmente al Departamento de Justicia que se revisaran los cargos contra ella en vista de estas retractaciones.
El 13 de mayo de 2022, Dayan subió al estrado para reafirmar una declaración jurada que había presentado para retractarse de su testimonio de 2016 en el que afirmaba que había recogido sumas de dinero de Espinosa para su entonces jefa, Leila de Lima, cuando ésta aún era secretaria de Justicia. Dayan, coacusado con Leila en uno de los dos casos que siguen abiertos contra ella, afirmó que el que fuera representante de Mindoro Oriental, Rey Umali, fallecido en enero de 2021, lo había obligado a testificar contra Leila de Lima durante las investigaciones del Congreso de 2016 sobre narcotráfico en la cárcel de New Bilibid.
A pesar de estas retractaciones, el exsecretario de Justicia Menardo Guevarra afirmó en junio que los dos cargos presentados contra Leila de conspiración para llevar a cabo actividades de narcotráfico no se retirarían tras el examen efectuado por un grupo de fiscales de las pruebas ya presentadas y por presentar, que, según Guevarra, demostraba que había “razones de peso” para seguir adelante con el procesamiento de Leila.
El presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos tomó posesión de su cargo el 30 de junio de 2022. Antes del inicio de su administración, el nuevo secretario de Justicia, Jesus Crispin Remulla, planteó la posibilidad de retirar los cargos contra Leila, añadiendo que las retractaciones de los testigos son un “aviso” de que el proceso judicial de Leila presenta aspectos preocupantes.
En julio de 2022, la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas acusó de asesinato a 22 policías por la muerte, entre mayo y junio de 2020, de ocho destacados narcotraficantes que cumplían condena en la cárcel de New Bilibid, entre los que se encontraba Jaybee Sebastian, testigo clave en el proceso contra Leila. Aunque en los expedientes de la Dirección de Prisiones figuraba que habían muerto de COVID-19, la Oficina afirmó que habían sido asesinados.
En 2017, las autoridades filipinas detuvieron a la senadora Leila de Lima, que había intentado investigar los abusos perpetrados en el marco de la llamada “guerra contra las drogas”, cuya consecuencia había sido la ejecución extrajudicial de miles de presuntos autores de delitos de drogas, así como otras violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Como en el caso de Leila de Lima, prácticamente no ha habido justicia ni rendición de cuentas para las víctimas de estos abusos ni sus familias.
Pueden escribir llamamientos en: Inglés, filipino
También pueden escribir en su propio idioma.
Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 2 de septiembre de 2022
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
Nombre y género gramatical preferido: Leila de Lima (femenino)
Tags: FILIPINAS, NUEVO GOBIERNO, LEILA DE LIMA.
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