GRECIA: LA SEGURIDAD DE MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS, EN PELIGRO MIENTRAS EL PARLAMENTO VOTA UNA LEY QUE VIOLARÍA EL CONVENIO DE ESTAMBUL

El Parlamento griego votará hoy los cambios propuestos al Código Civil que permitirían que los autores de violencia intrafamiliar o delitos sexuales mantengan la custodia de sus hijos e hijas hasta que sean declarados culpables por un tribunal de primera instancia. En vísperas de la votación, Amnistía Internacional se ha unido a grupos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil para pedir a las autoridades griegas que rechacen el proyecto de ley.

Esther Major, asesora general de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Es una amarga ironía que Grecia esté considerando la posibilidad de aprobar esta enmienda tan sólo unos días después de que el mundo haya conmemorado el décimo aniversario del Convenio de Estambul, el tratado internacional pionero sobre la prevención y lucha de la violencia contra las mujeres.”

“La disposición propuesta violaría las obligaciones contraídas por Grecia en virtud del Convenio de Estambul, que obliga a los Estados Partes a tomar medidas para garantizar que los derechos de custodia y visita no ponen en peligro los derechos y la seguridad de quienes han sobrevivido a la violencia intrafamiliar y los niños y niñas que han sido testigos o víctimas de ella.”

“Todo proyecto de ley relativo a la custodia infantil debe centrarse en el interés superior y la seguridad de los niños y niñas. Tal como está redactado, el proyecto de ley pondrá en mayor peligro a las víctimas de violencia intrafamiliar, incluidas las mujeres migrantes y refugiadas. Las autoridades griegas deben retirar el proyecto de ley hasta que se lleven a cabo consultas adecuadas adicionales con la sociedad civil, y se haya revisado toda disposición que pueda poner en peligro los derechos humanos de las mujeres, los niños y las niñas.”

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con: 
Stefan Simanowitz, stefan.simanowitz@amnesty.org +44 (0)20 3036 559 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Puesto que los procedimientos judiciales pueden durar hasta cinco años, la nueva ley amenaza con dar a los autores de violencia y abusos acceso a sus víctimas durante un periodo prolongado de tiempo.

Las mujeres refugiadas y migrantes se verían especialmente afectadas a causa de las dificultades que, según se ha informado, sufren para acceder a la justicia, entre las que se encuentran la incapacidad de hacer frente a los costos judiciales y la carencia de servicios de interpretación.