PERSONAS MAYORES MIGRANTES EN COLOMBIA: ENTRE LA VULNERABILIDAD Y LA FALTA DE DERECHOS

En Colombia, ser una persona mayor y migrante representa enfrentar desafíos excepcionales. Para la población que huye de Venezuela, la migración no solo trae consigo el trauma del desplazamiento, sino también barreras adicionales vinculadas a la edad, afectando su acceso a derechos fundamentales como la salud, el empleo y la seguridad social. Estas limitaciones son aún más graves para las personas migrantes mayores en Colombia, quienes, en muchos casos, no cuentan con un estatus migratorio regular. Esta falta de regularización afecta su acceso a servicios esenciales, como el sistema de salud y oportunidades laborales. Sin una pensión que les garantice un ingreso estable, muchas personas mayores migrantes dependen de familiares o trabajos informales, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Los estudios de ACNUR señalan que la mayoría de las personas mayores migran por razones relacionadas con la búsqueda de acceso a alimentación, servicios de salud y empleo. Sin embargo, en la región andina, un 88% de las personas mayores que migran comparte estas vulnerabilidades con las mujeres y personas con discapacidad, enfrentando riesgos adicionales de pobreza, aislamiento y problemas de salud.

Regularización: un proceso desigual

A pesar de la creación del Estatuto de Protección Temporal (PPT), que ha beneficiado a más de dos millones de personas migrantes venezolanas, las personas mayores siguen siendo uno de los grupos menos regularizados. Sin regularización, las personas mayores migrantes quedan excluidas de los sistemas de salud y protección social, y se ven obligadas a trabajar en condiciones precarias, si es que encuentran empleo. Esto incrementa los riesgos de pobreza, inestabilidad económica y deterioro de la salud, especialmente cuando no pueden acceder a tratamientos para enfermedades crónicas.

Alimentación: un derecho no garantizado

La inseguridad alimentaria es una de las principales razones por las que muchas personas mayores dejan Venezuela. Sin embargo, una vez en Colombia, el acceso a una alimentación adecuada sigue siendo limitado. Gran parte de esta población depende de familiares o redes de apoyo, pero la falta de recursos y las largas caminatas en condiciones extremas hacen que muchas personas migrantes mayores sufran desnutrición.

Las organizaciones comunitarias y religiosas juegan un papel crucial en proporcionar asistencia, pero su alcance es limitado. En cuanto a la respuesta estatal, el apoyo se concentra mayormente en las víctimas del conflicto interno, dejando a la población migrante mayor desatendida en términos de seguridad alimentaria.

Salud: un derecho inalcanzable

El acceso a la salud es un desafío crítico para las personas mayores migrantes en Colombia. Según ACNUR, el 56% de esta población no ha podido acceder al sistema de salud, principalmente debido a la falta de dinero, cobertura o documentación adecuada. Las enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes y los problemas respiratorios, son comunes entre las personas mayores, y la falta de atención médica adecuada agrava su situación de vulnerabilidad.

Antes de la pandemia, solo el 48% de las personas mayores migrantes había logrado acceder a algún tipo de tratamiento médico en Colombia. Tras la crisis sanitaria, la situación empeoró, con un acceso aún más restringido, especialmente para las mujeres. Además, solo un pequeño porcentaje de la población migrante mayor recibe algún tipo de apoyo psicosocial, a pesar de las secuelas emocionales del desplazamiento.

Pensiones: un futuro incierto

El sistema de pensiones en Colombia excluye en gran medida a la población migrante mayor, lo que limita sus posibilidades de acceder a un ingreso estable en su vejez. Aunque la reciente reforma pensional establece un Pilar Solidario para personas que no han logrado cotizar lo suficiente, este beneficio está restringido a ciudadanos colombianos, dejando a la población migrante fuera de esta posibilidad.

La falta de un acuerdo bilateral en materia de pensiones entre Colombia y Venezuela agrava aún más la situación. Sin este convenio, miles de personas mayores migrantes no tienen ninguna posibilidad de acceder a una pensión, condenándolas a la dependencia económica y a una vejez marcada por la pobreza.

Vivienda: condiciones de vida precarias

La mayoría de las personas migrantes mayores en Colombia viven en alquileres informales, a menudo en condiciones de hacinamiento. Esta situación aumenta su riesgo de desalojos, discriminación y violencia en los barrios donde residen. El 91% de la población mayor migrante vive en alquiler, y el 22% lo hace en condiciones de hacinamiento.

Además, las personas con discapacidad enfrentan mayores barreras para encontrar una vivienda adecuada. Los obstáculos económicos y la discriminación en el mercado inmobiliario dificultan aún más el acceso a viviendas dignas. Aunque la mayoría de los hogares migrantes tiene acceso a servicios básicos como agua y electricidad, el acceso a servicios como internet o gas es limitado.

Un llamado urgente a proteger los derechos de las personas mayores migrantes

La situación de las personas mayores migrantes en Colombia es alarmante. La falta de regularización, el acceso limitado a la salud y las dificultades económicas son solo algunos de los desafíos que enfrentan. Es urgente que el Estado colombiano implemente políticas inclusivas que garanticen los derechos de esta población, especialmente en términos de regularización migratoria, acceso a la salud y seguridad social.

Solo a través de acciones concretas y coordinadas se podrá garantizar una vida digna para las personas mayores migrantes, quienes, en su búsqueda de una vida mejor, continúan enfrentando barreras que vulneran sus derechos más fundamentales.

Sentencia SU-543 de 2023: protección a personas migrantes y refugiadas en condiciones de vulnerabilidad

A partir de esta realidad, la Sentencia SU-543 de 2023 de la Corte Constitucional de Colombia marca un precedente clave al abordar justamente varios de estos obstáculos que enfrentan las personas mayores migrantes en el país.

La Corte Constitucional de Colombia emitió una sentencia histórica en el caso de Dorotea Capielo de Romero, una ciudadana venezolana de 90 años, que solicitó refugio en el país debido a su precaria situación de salud y la falta de acceso a medicamentos y tratamiento en Venezuela. La decisión, contenida en la Sentencia SU-543 de 2023, marca un precedente importante en la protección de los derechos de las personas mayores migrantes y refugiadas, reafirmando la obligación del Estado colombiano de brindarles una respuesta prioritaria y adecuada.

La señora Capielo ingresó a Colombia en 2020, huyendo de la crisis humanitaria en su país de origen. Con graves problemas de salud como osteoporosis y desnutrición, así como una movilidad reducida, depende totalmente de su hijo, quien ya fue reconocido como refugiado en Colombia. Ante la falta de resolución de su solicitud de refugio presentada en 2021, Capielo interpuso una acción de tutela en 2022 contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, argumentando la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de petición.

Decisión y relevancia de la sentencia

La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores resolver la solicitud de refugio de Capielo en un plazo máximo de un mes, priorizando su caso debido a su avanzada edad y estado de salud. Además, la Corte determinó que las normativas que obligan a renunciar a la solicitud de refugio para acceder al Permiso de Protección Temporal (PPT) no eran aplicables en este caso, protegiendo su derecho a regularizarse sin afectar su solicitud de asilo.

Este fallo no solo protege los derechos individuales de Dorotea Capielo, sino que establece un precedente para la atención prioritaria a personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad, especialmente adultos mayores con problemas de salud.

Sujetos de especial protección en Colombia

En Colombia, la Constitución establece que ciertos grupos de personas, como los adultos mayores, tienen derecho a recibir una protección especial por parte del Estado debido a su condición de vulnerabilidad. Esto implica que las autoridades deben aplicar un trato prioritario en sus procesos administrativos, como fue señalado en esta sentencia.

La Sentencia SU-543 de 2023 refuerza la obligación del Estado colombiano de aplicar enfoques diferenciados y garantizar la protección efectiva de los derechos de los refugiados y migrantes en situaciones de vulnerabilidad. Esta sentencia no solo beneficia a la señora Capielo, sino que también extiende su impacto a miles de personas en circunstancias similares, resaltando la importancia de mejorar los trámites de refugio en el país y evitar la re-victimización de los solicitantes.

Con esta decisión, la Corte Constitucional reafirma su compromiso con la igualdad ante la ley y la protección de los derechos fundamentales de las personas en situaciones de vulnerabilidad, en particular los adultos mayores migrantes que enfrentan barreras para acceder a la justicia y a una protección adecuada en Colombia.

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