ERIKA GUEVARA ROSAS: “LOS SISTEMAS GLOBALES DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS REFUGIADAS CONTINÚAN FRACASANDO”

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó, en su reporte Tendencias Globales 2022, que el número de personas desplazadas por la fuerza a nivel mundial alcanzó la cifra de 108.4 millones. De acuerdo al ACNUR el 87% de las personas en esta condición provenían de 10 países: Siria, Ucrania, Afganistán, Venezuela, Sudán del Sur, Myanmar, República Democrática del Congo, Sudán, Somalia y la República Centroafricana.

En el caso de Venezuela, la tasa de personas desplazadas por la fuerza y que deberían ser consideradas refugiadas, alcanza a 16.000 personas por cada 100.000 habitantes, siendo la más elevada después de Siria y Sudán del Sur.

Con Venezuela a la cabeza, el creciente flujo de personas desplazadas recorre el continente enfrentando continuos peligros y las -también crecientes-, restricciones de los Estados de la región para contener a los migrantes.

En el marco del Día Mundial del Refugiado conversamos con Erika Guevara Rosas, abogada y Directora para las Américas de Amnistía Internacional y especialista en estudios de migración y refugiados por la Universidad de York.

– En 2018 Amnistía Internacional dijo que el sistema mundial de protección de las personas refugiadas y necesitadas de protección era “inservible”. Cuatro años después de esa declaración, ACNUR afirma que 108.4 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza de sus países y requieren protección internacional.

¿Consideras que el sistema de protección se ha hecho más eficiente o sigue sin responder a las demandas asociadas a los crecientes flujos migratorios?

Los sistemas globales de protección para personas refugiadas continúan fracasando ante la magnitud de la crisis mundial de personas escapando de sus países por la violencia generalizada, las masivas violaciones de derechos humanos, la persecución por diversos motivos, el impacto del cambio climático, las crisis humanitarias, y la incapacidad de los estados para garantizar el ejercicio de derechos.

El sistema mundial de protección ha fracasado porque los estados han incumplido con su obligación compartida, y buscan colaboración solo para restringir las fronteras y limitar el derecho a solicitar asilo.

En las Américas, no hay evidencia más contundente de las múltiples crisis de derechos humanos y humanitarias que la crisis transfronteriza de millones de personas buscando protección.

La situación de las personas refugiadas es también ejemplo del doble estándar de los Estados.

Muchos gobernantes de la región usan los foros regionales para acusarse unos a otros, tratando de adquirir beneficios políticos, mientras millones de personas se encuentran en desprotección en países de tránsito y destino, enfrentando graves violaciones a sus derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias solo por su estatus migratorio, las devoluciones forzosas, la imposibilidad de solicitar asilo, la extorsión, la violencia estatal, la violencia ejercida por grupos del crimen organizado y hasta la muerte.

Al menos 7,32 millones de personas venezolanas han abandonado su país en los últimos años, huyendo de las masivas violaciones a los derechos humanos, convirtiéndose en una de las mayores crisis globales de personas refugiadas en el mundo. Además, el número de personas que escapan de Cuba y Haití también se ha incrementado de manera significativa, lo que se suma al flujo constante de población que huye de Centroamérica.

Todas estas personas están necesitadas de protección internacional.

Según UNICEF, 5.000 niños, niñas y adolescentes atravesaron la peligrosa selva del Darién —entre Colombia y Panamá— en el primer semestre de 2022, cifra que duplicó la registrada en el mismo periodo de 2021.

Entonces, hablando del doble rasero, hay que decir que Estados Unidos ha criticado abiertamente las violaciones de derechos humanos cometidas por Rusia en Ucrania y ha recibido a decenas de miles de personas ucranianas que huían de la guerra, lo que es un acto comendable y un ejemplo de que cuando se tiene voluntad política los sistemas de protección funcionan.

Sin embargo, el gobierno de Biden tiene un doble estándar para con otras personas en necesidad de protección internacional, aplicando las mismas políticas crueles e inhumanas de la administración pasada.

En otros países del continente, incluidos Perú, Colombia, Chile, Aruba, Curazao, Panamá, Ecuador y Canadá, entre otros, se han implementado políticas restrictivas y violatorias de los derechos humanos de personas migrantes, principalmente personas refugiadas venezolanas.

– Según el reporte Tendencias Globales 2022 del ACNUR, el 76% de las personas desplazadas por la fuerza en el mundo han sido acogidas en países con rentas medias y bajas. ¿Por qué es tan difícil para estas personas ser acogidas en los países con rentas altas?

El mayor porcentaje de personas refugiadas en el mundo se encuentra concentrado en países empobrecidos, que enfrentan enormes desafíos para proveer de asistencia a quienes llegan y a las comunidades de acogida.

Esto responde a la contención fronteriza y migratoria que promueven gobiernos de países del llamado primer mundo, o de economías desarrolladas -en ocasiones generadores o cómplices de tolerar las causas de expulsión en países de origen-, para evitar cumplir con su obligación compartida de protección.

Esta contención y falta de respuesta global, sobre todo de estados en países con economías fuertes, genera crisis humanitarias de enormes envergaduras.

Las propias agencias de Naciones Unidas, especialmente el ACNUR, han demandado mayores recursos para asistir a millones de personas varadas en zonas fronterizas peligrosas, o en condiciones de precariedad, y los estados no solo no comprometen más recursos, sino que imponen políticas de reducción a otras soluciones, como el reasentamiento u otras formas de protección complementaria.

– El ACNUR diferencia a quienes huyen del hambre y la guerra en Siria de quienes huyen del hambre y la represión en Venezuela, al calificar a las personas sirias como “refugiadas” y a las venezolanas como “desplazadas en el extranjero” ¿En que se basa esta diferenciación?

El ACNUR es una agencia del sistema de Naciones Unidas, es decir, es un organismo intergubernamental que depende de la información, principalmente, de los propios estados para actualizar su información estadística.

Son los estados, los que finalmente determinan la condición de una persona como refugiada, o como persona en necesidad de protección internacional a través de otros mecanismos, como la protección complementaria o la regularización de los estatus migratorios.

Según la información actualizada a junio del 2023, Venezuela es el país que ha expulsado al mayor número de personas en necesidad de protección internacional, con un aproximado de 7.3 millones, en comparación con las últimas cifras de Siria, que ascienden a 6.8 millones y Ucrania con 6.2 millones de personas refugiadas.

Esto convierte al país en la peor crisis, por sus dimensiones, de personas refugiadas en el mundo, quienes además enfrentan las violaciones de derechos humanos en los tránsitos y la desprotección en los países de destino.

Amnistía Internacional considera que todas las personas que han huido de Venezuela son refugiadas, porque escapan de las masivas violaciones a los derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales que se han visto violentados debido a la emergencia humanitaria compleja.

Es importante recordar que Venezuela es el único país en el continente que tiene una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el gobierno de Nicolás Maduro, el que continúa perpetrando violaciones a los derechos humanos en el contexto de una política sistemática y generalizada de represión.

Las personas venezolanas no pueden ser devueltas a su país de origen, precisamente porque sus vidas, seguridad e integridad estarían bajo un enorme riesgo.

– Amnistía Internacional divulgó un conjunto de recomendaciones para abordar y aliviar la crisis de refugiados. Los gobiernos de la región cuentan con un marco legal óptimo para avanzar en esa dirección, pero, ¿Han escuchado o adoptado alguna de sus propuestas?

Amnistía Internacional, así como múltiples organizaciones de derechos humanos y organismos regionales e internacionales, han presentado diversas recomendaciones a los estados para que den una respuesta común al enorme desafío que representa la crisis de personas refugiadas en el continente.

Sin embargo, los estados siguen promoviendo políticas crueles e inhumanas, que no solo fracasan en su objetivo de contención, sino que están poniendo en riesgo a millones de personas expuestas a otras violaciones a sus derechos, como al tráfico de personas y la violencia del crimen organizado.

– Desde el Tapón del Darién hasta el norte de México, el vasto corredor centroamericano se ha convertido en una ruta de alto riesgo para los migrantes que se desplazan por Las Américas.

¿Qué medidas deberían tomar los Estados para garantizar la vida y la integridad de quienes se ven forzados a tomar estos caminos?

Los estados en las Américas deben comprometerse a una respuesta coordinada y organizada para atender las necesidades de protección, incluido el tránsito.

Las personas se ven obligadas a cruzar el temido tapón del Darién – la frontera entre Colombia y Panamá – y otros cruces fronterizos no formales y de alto riesgo, precisamente por las políticas de contención y restricción a la movilidad.

Estas políticas crueles arrojan a las personas a situaciones de mucho peligro, en donde sus vidas están en juego.

Algunos estados empiezan a mencionar la posibilidad de crear “corredores humanitarios”. Lo hemos escuchado de gobiernos en Colombia y Chile, por ejemplo. Sin embargo, las propuestas de corredores humanitarios son para que las personas sean retornadas a Venezuela, como lo hemos visto recientemente en la frontera entre Chile y Perú.

Ello significa que estos corredores de humanitarios no tienen nada, son más bien políticas que intentan encubrir las falencias de protección y que obligan a algunas personas venezolanas a optar por el retorno forzado, pues no hay otras alternativas a los contextos de extrema precariedad que enfrentan en los países de destino.

Artículo publicado por primera vez en la página oficial de PROVEA