MYANMAR: LOS INHUMANOS ATAQUES MILITARES EN LAS ZONAS DEL TERREMOTO OBSTACULIZAN LA AYUDA HUMANITARIA

Las fuerzas armadas de Myanmar, junto con todos los demás actores que participan en actividades de ayuda humanitaria tras el terremoto, deben garantizar que se respetan plenamente los principios de derechos humanos y que las necesidades humanitarias de las personas sobrevivientes tienen prioridad máxima

Las fuerzas armadas de Myanmar deben abstenerse de llevar a cabo ataques deliberados, aéreos y de otra índole, contra objetivos civiles en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 que tuvo lugar la semana pasada; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, al tiempo que ha pedido más rapidez en el reparto de ayuda humanitaria a la población residente en el epicentro de la catástrofe.

Los testimonios recabados por Amnistía Internacional en los días siguientes al terremoto confirman los informes según los cuales las fuerzas armadas no han interrumpido su campaña de letales ataques aéreos, que se añaden a la tensión de los esfuerzos de recuperación y al miedo y la angustia de quienes han sobrevivido.

“Las fuerzas armadas de Myanmar, junto con todos los demás actores que participan en actividades de ayuda humanitaria tras el terremoto, deben garantizar que se respetan plenamente los principios de derechos humanos y que las necesidades humanitarias de las personas sobrevivientes tienen prioridad máxima”, ha afirmado Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar.

“No se puede pedir ayuda humanitaria con una mano y lanzar bombas con la otra. Perpetrar ataques aéreos y atacar a la población civil en una zona impactada por el terremoto es inhumano y revela un desprecio manifiesto por los derechos humanos.”

El terremoto ha causado al menos 2.065 muertes y dejado más de 3.900 personas heridas, según medios de comunicación controlados por las fuerzas armadas en Myanmar. El rápido aumento de las cifras cada día que pasa y las dificultades para establecer comunicación hacen temer que el número de víctimas sea muy superior.

El epicentro del terremoto está en Sagaing, una extensa región del centro de Myanmar. También hay informes sobre daños significativos en Mandalay, segunda ciudad más importante de Myanmar, en Naipyidó, la capital, y en algunas partes del estado de Shan y la región de Bago.

Los ataques aéreos, que se han convertido en un hecho cotidiano en Myanmar desde el golpe de Estado de 2021, han impactado en zonas próximas al foco de las actividades de recuperación del terremoto y en otras zonas de conflicto, como los estados de Karen y Karenni.

“Suena como una motosierra”

Desde el golpe de Estado, las fuerzas armadas han librado feroces batallas contra grupos de resistencia armada en Sagaing y el centro de Myanmar en general, con ataques aéreos ilícitos, ejecuciones extrajudiciales e incendios de casas en gran escala. En algunos casos también se han atribuido abusos a los grupos enfrentados a las fuerzas armadas.

Amnistía Internacional habló con una enfermera myanmara en el pueblo de Nwe Khwe (municipio de Chaung-U, región de Sagaing) y con un rescatista del mismo municipio.

El rescatista contó que tras el terremoto habían tenido que ponerse a cubierto de ataques, varios de ellos perpetrados la mañana del martes 1 de abril y otro el mismo día del terremoto, con parapentes tripulados a motor —llamados localmente “ataques con paramotor”—, nueva táctica de las fuerzas armadas de Myanmar en el centro del país que permite ahorrar recursos como el combustible de aviación.

“Estaba en un refugio subterráneo [durante los ataques] cuando escuché el sonido de un motor atravesando mi pueblo. Un ataque con paramotor suena como una motosierra”, explicó el rescatista. “Se ha convertido en nuestra realidad cotidiana, sobrevivir a los ataques aéreos. No sé por qué todavía no han cesado.”

La enfermera, afiliada al movimiento de desobediencia civil que se opone a las fuerzas armadas mediante protestas y boicots, también contó que hubo un ataque con paramotor al anochecer el mismo día del terremoto, y otro el 31 de marzo. En esta ocasión no hubo víctimas de ataques con paramotor, gracias en gran medida a los sistemas de alerta temprana instalados. 

“Psicológicamente no estoy bien, todo el mundo en el pueblo está asustado por los ataques y el terremoto”, contó.

El Gobierno de Unidad Nacional en la oposición, del que dependen las Fuerzas Populares de Defensa creadas tras el golpe de Estado de 2021 para combatir a las fuerzas armadas, anunció un cese de las hostilidades durante dos semanas a partir del 30 de marzo. El 1 de abril, la Alianza de las Tres Hermandades, facción armada diferenciada aunque alineada con el anterior, anunció una pausa humanitaria de un mes de duración excepto en el caso de acciones defensivas.

“La situación era como en la pandemia de COVID-19”

A diferencia de sus respuestas anteriores a catástrofes naturales documentadas por Amnistía Internacional, las fuerzas armadas de Myanmar han hecho un excepcional llamamiento a la comunidad internacional para pedir ayuda humanitaria y, según información recibida por la organización, esta ayuda ya está llegando a algunas zonas afectadas. Pero el panorama es desigual, complicado por interrupciones de Internet e informes sobre retenciones o bloqueos del reparto de ayuda humanitaria.

En la ciudad de Sagaing, capital de la región homónima, Amnistía habló con tres residentes. Además examinó un informe sobre las actividades de recuperación de un grupo de coordinación surgido de la sociedad civil de Myanmar, que decía que en la ciudad de Sagaing cada vez se necesitaban más bolsas para cadáveres y polvo de cal viva, linternas, suministros médicos y espirales antimosquitos.

También contó que las fuerzas armadas, que controlan gran parte de la ciudad, estaban imponiendo medidas de “estricta vigilancia” para los vehículos ligeros que se dirigían a Sagaing desde Mandalay. Los soldados inspeccionan los envíos, y los controles pueden durar más si el vehículo llega de otras zonas de Sagaing con más conexiones a grupos de resistencia.

Según los residentes, hay destrozos en gran parte de la ciudad y la población no tiene acceso regular a agua potable, alimentos, refugio, medicamentos, tratamiento médico adecuado ni electricidad (algunos están utilizando pequeños paneles solares). Contaron que la gente está durmiendo en la calle con colchonetas, lonas y mosquiteras.

“Cruz Roja de Myanmar está aquí, y se han activado grupos de la sociedad civil local con sede en Sagaing, y están funcionando. Pero no veo a ninguna organización internacional en la ciudad”, dijo un residente el 31 de marzo. “No se puede comprar comida ni agua potable porque no hay un solo proveedor en la ciudad.”

Otro residente local que estaba ayudando a repartir ayuda humanitaria dijo que hacen falta raciones secas, como comida enlatada y fideos envasados, y que grupos locales estaban usando sus equipos particulares para llevar a cabo labores de búsqueda y salvamento.

Aunque el acceso de organismos internacionales a Sagaing al parecer ya se había autorizado, ninguna de las personas con las que habló Amnistía había visto ninguno en la ciudad a fecha de 31 de marzo.

Una mujer embarazada describió escenas de horror en el hospital local tras el terremoto.

“La situación en el hospital [general de Sagaing] era como en la pandemia de COVID-19, montones de cadáveres en el hospital, sin saber quiénes son ni a quién pertenecen. El hospital se limitó a incinerarlos.”

Según la mujer, le dijeron que necesitaba una cesárea pero que ésta debía hacerse en Mandalay, adonde no puede llegar. El 31 de marzo estaba esperando en la parte descubierta del recinto hospitalario.

“Los derechos humanos corren peligro máximo en situaciones de crisis y emergencia. Las fuerzas armadas de Myanmar y otras partes del conflicto deben ocuparse de las necesidades inmediatas y esenciales de todas las comunidades afectadas y garantizar que las actividades de salvamento y ayuda humanitaria se llevan a cabo sin discriminación”, dijo Joe Freeman.

“La provisión de ayuda internacional humanitaria —como agua potable, alimentos y suministros médicos— y económica a la población más vulnerable y marginada debe ser prioritaria.”