FILIPINAS: LA DETENCIÓN DEL EXPRESIDENTE DUTERTE ES UN PASO ENORME EN FAVOR DE LA JUSTICIA

La detención de Duterte por una orden de la CPI es una señal alentadora para las víctimas de Filipinas y de otros lugares del mundo. Demuestra que las personas con presunta responsabilidad en los crímenes más graves, incluidos los y las dirigentes gubernamentales, pueden responder y responderán ante la justicia, sin importar el lugar del mundo en el que se encuentren

Ante la noticia de que las autoridades de Filipinas han detenido al expresidente del país Rodrigo Duterte en aplicación de una orden de arresto dictada en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI) por el crimen de lesa humanidad de asesinato en relación con los homicidios cometidos en la “guerra contra las drogas”, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

“La detención de Rodrigo Duterte es un paso enorme y largamente esperado en favor de la justicia para los millares de víctimas y sobrevivientes de la ‘guerra contra las drogas’ emprendida por su gobierno, que dejó sumida en el duelo a gran parte de la nación de Filipinas. El hombre que afirmó: ‘Mi trabajo es matar’ dirigió el homicidio de las víctimas —entre ellas menores de edad— como parte de una campaña deliberada, generalizada y bien organizada de homicidios autorizados por el Estado”. 

“La detención de Duterte por una orden de la CPI es una señal alentadora para las víctimas de Filipinas y de otros lugares del mundo. Demuestra que las personas con presunta responsabilidad en los crímenes más graves, incluidos los y las dirigentes gubernamentales, pueden responder y responderán ante la justicia, sin importar el lugar del mundo en el que se encuentren. En un momento en el que demasiados gobiernos incumplen sus obligaciones en relación con la CPI y otros atacan o castigan a los tribunales internacionales, la detención de Duterte es un gran momento para la autoridad del derecho internacional.”

“El gobierno de Filipinas ha dado un paso firme, y hay que felicitarlo por ello, pero la rendición de cuentas no debe detenerse aquí. La investigación de la CPI abarca sólo algunos de los crímenes cometidos durante el decenio pasado.”

“El expresidente Duterte estuvo en el centro de una grave crisis de derechos humanos en el país, pero no es el único con presunta responsabilidad penal ni las violaciones de derechos humanos cesaron después de que él dejara el cargo. Corresponde al gobierno actual garantizar que las investigaciones y los enjuiciamientos no finalicen con esta detención y se amplíen a la rendición de cuentas a nivel nacional de todas las personas responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en la ‘guerra contra las drogas’.”

“Ahora, las autoridades filipinas deben entregar a Duterte a la CPI, en La Haya, para que sea juzgado por los presuntos crímenes de lesa humanidad. A la espera de esta transferencia, se le deben conceder con rigurosidad todas las garantías procesales y demás derechos jurídicos mientras se halle bajo custodia de las autoridades.”

“Pedimos al gobierno de Filipinas que se una de nuevo al Estatuto de Roma y coopere plenamente en la investigación, incluso si se dictan más órdenes de arresto contra otros altos cargos, en activo o retirados, del gobierno de este país.”

Información complementaria

El 11 de marzo, a su regreso a Manila desde Hong Kong, el expresidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido por la policía en aplicación de una orden de arresto dictada en su contra por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos en relación con la “guerra contra las drogas”. La CPI aún no ha confirmado que se haya dictado una orden de arresto contra Duterte, aunque los medios de comunicación filipinos han difundido fotografías de dicha disposición.

La CPI lleva tiempo investigando posibles crímenes de lesa humanidad que incluyen los asesinatos cometidos en el marco de la mortífera “guerra contra las drogas” durante la administración del presidente Duterte, y los cometidos en Dávao por el presunto Escuadrón de la Muerte de Dávao en su etapa como alcalde de esa ciudad (entre 2011 y 2016).

Filipinas se incorporó a la CPI el 1 de noviembre de 2011, pero en 2018 presentó una notificación de retirada que se hizo efectiva el 17 de marzo de 2019. No obstante, la CPI mantuvo la competencia respecto de los presuntos crímenes que se habían cometido en Filipinas mientras era Estado Parte, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.

Durante la administración de Duterte, entre 2016 y 2022, la policía —o personas armadas presuntamente vinculadas a la policía— mataron ilícitamente a miles de personas, en su mayoría de comunidades pobres y marginadas, en la “guerra contra las drogas” emprendida por el gobierno.

Amnistía Internacional ha publicado importantes investigaciones en las que se detallan ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía y sus superiores. La organización ha determinado que los actos cometidos alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad.