FILIPINAS: APROBADOS PROYECTOS DE EXTRACCIÓN DE NÍQUEL PESE A CONSULTAS INADECUADAS Y GRAVES RIESGOS PARA LA SALUD Y EL MEDIOAMBIENTE DE LAS COMUNIDADES

Los pueblos indígenas y las comunidades rurales de Filipinas están siendo sometidos a numerosos abusos contra los derechos humanos en el contexto de la rápida expansión de la extracción de níquel, componente esencial de las baterías de iones de litio

 What do we get in return? How the Philippines nickel boom harms human rights documenta deficiencias a la hora de consultar adecuadamente a las comunidades locales y obtener el consentimiento de los pueblos indígenas sobre unos proyectos de extracción de níquel que han dejado tras de sí deforestación, contaminación por metales y problemas de salud en las provincias de Zambales y Palawan. Es muy probable que el níquel extraído de estos emplazamientos esté entrando en las cadenas de suministro de importantes empresas de vehículos eléctricos.

“Los pueblos indígenas y las comunidades rurales están pagando un precio muy alto por la carrera mundial por minerales de transición energética”, afirmó Veronica Cabe, presidenta de Amnistía Internacional Filipinas.”

“Estas comunidades no sólo sufrieron procesos de consulta gravemente deficientes —plagados de tergiversaciones y de falta de información—, sino que ahora se ven obligadas a sufrir los efectos negativos de las operaciones de extracción en su salud, medios de vida y acceso a agua potable.” 

Los pueblos indígenas y las comunidades rurales están pagando un precio muy alto por la carrera mundial por minerales de transición energética.

                            Veronica Cabe, presidenta de Amnistía Internacional Filipinas

La investigación se centró en dos zonas: la región costera de Santa Cruz, en Zambales, y la Punta de Brooke, hogar ancestral del pueblo indígena pala’wan, en la isla de Palawan. En Santa Cruz, están extrayendo níquel actualmente cuatro grandes empresas: BenguetCorp Resources Management Corporation; Eramen Minerals Inc.; LNL Archipelago Minerals, Inc.; y Zambales Diversified Metals Corporation. En Punta de Brooke, está activa una empresa —Ipilan Nickel Corporation (INC)— y otras dos —MacroAsia Mining Corporation (MMC) y Lebach Mining Corporation— tienen planes para extraer níquel. 

Miembros de la comunidad han afirmado que la deforestación y el daño medioambiental ligados a la extracción de níquel les está perjudicando. Hay estudios que indican que, en Santa Cruz, las comunidades están expuestas a la contaminación del aire, el agua y la cadena alimentaria debida a metales pesados ligados a la extracción de níquel.

Imagen de satélite en la que se aprecian zonas deforestadas donde se extrae níquel cerca del asentamiento de Santa Cruz, en Zambales (Filipinas), 19 de febrero de 2024.

En ambas regiones, las personas entrevistadas denunciaron que, desde que abrieron las minas, hay un aumento de problemas de salud como asma, dificultades respiratorias y otros problemas respiratorios, además de enfermedades cutáneas e irritación de los ojos, la garganta y la piel. También informaron de que la disminución de la calidad del agua —varias fuentes de agua dulce son ahora de color “marrón rojizo”— ha afectado negativamente a los medios de subsistencia de quienes se dedican a la pesca y reducido el rendimiento de los cultivos. “El gobierno filipino debe suspender estas operaciones de extracción hasta que se lleve a cabo una investigación urgente sobre los abusos contra los derechos humanos y el medioambiente, y los operadores de extracción de níquel deben poner los derechos humanos en el centro de sus actividades”, declaró Alysha Khambay, investigadora de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.“Sin una mayor transparencia en la cadena de suministro, las marcas de vehículos eléctricos no pueden decir que éstos no están manchados por los abusos contra los derechos humanos y el medioambiente en Filipinas.Estas marcas deben investigar sus cadenas de suministro para ver si tienen vínculos con níquel procedente de Filipinas y hacer públicos los resultados y las medidas de mitigación del riesgo que adopten.”La investigación, que se llevó a cabo entre septiembre de 2023 y octubre de 2024, incluyó entrevistas con 90 miembros de comunidades, así como visitas a emplazamientos y el examen de documentos de los proyectos, expedientes judiciales e imágenes. Las respuestas de las empresas —que negaron las acusaciones que se han formulado contra ellas— están incluidas en el anexo del informe. 

Ausencia de debido proceso y de acceso a información crucial

El informe muestra cómo las comunidades indígenas y rurales no recibieron explicaciones adecuadas sobre los riesgos para los derechos humanos y el medioambiente de la extracción de níquel y que se les negaron las consultas adecuadas sobre los proyectos de extracción a pesar de las protecciones contenidas tanto en la legislación nacional como en la internacional. Estas protecciones exigen que los Estados garanticen que se consulta de manera significativa a las comunidades sobre los proyectos de extracción y, en el caso de proyectos que afecten a los pueblos indígenas, que se obtiene su consentimiento libre, previo e informado (CLPI). En la práctica, esto se traduce en informar plenamente a las comunidades de los efectos potenciales de la extracción de níquel, escucharlas y abordar sus motivos de preocupación, y llevar adecuadamente y respetar los resultados de los procesos de CLPI.Tanto en Santa Cruz como en Punto de Brooke, las personas que dependen de su medioambiente natural para sostener sus medios de vida denunciaron que no podían acceder a información crucial para entender el impacto de la extracción de níquel en sus comunidades. En muchos casos, no se proporcionaron documentos del proyecto, como evaluaciones del impacto medioambiental. Amnistía Internacional sólo pudo encontrar en Internet estudios de impacto medioambiental pertinentes a tres de los siete proyectos de extracción de níquel incluidos en el informe. La organización pidió copia de los estudios de impacto medioambiental de las demás empresas y del Departamento de Medioambiente y Recursos Naturales de Filipinas, información que no se le ha facilitado. En algunos casos, se denegó a miembros de la comunidad la documentación del proyecto incluso después de que los hubieran pedido expresamente, lo que les impidió tomar una decisión informada. En Punto de Brooke, miembros del pueblo indígena pala’wan dijeron que INC no facilitó copias de la declaración de impacto medioambiental ni un mapa de las operaciones y límite de la empresa que habían solicitado. Romeo Melnocan, miembro de la comunidad de Punto de Brooke, dijo: “[…] el mapa que enseñaron estaba muy borroso. No podemos tomar una decisión basada en la información que se presentó porque no entendimos el impacto”.En las dos zonas, las personas entrevistadas dijeron que fueron excluidos deliberadamente de las consultas los miembros de la comunidad conocidos por oponerse a la extracción de níquel. Quienes asistieron a las consultas dijeron que se los rechazó o ignoró cuando expusieron su preocupación por los posibles riesgos de los proyectos de extracción. En Punto de Brooke, las deficiencias de los procesos de CLPI llevados a cabo en relación con las minas de níquel de INC y MacroAsia Mining Corporation (MMC) han invalidado estos procesos y creado divisiones en el pueblo indígena pala’wan. Pese a ello, INC lleva más de dos años extrayendo níquel y MMC está tramitando la obtención de los permisos necesarios para comenzar sus operaciones mineras comerciales. Según el CLPI, el consentimiento debe otorgarse libremente, sin manipulación, coacción, amenaza, miedo a represalias ni corrupción. Sin embargo, Amnistía habló con miembros de la comunidad que dijeron que las empresas mineras INC y MMC les habían ofrecido sobornos, a ellos y a otros, para que apoyaran sus proyectos. 

Ya es hora de dejar de sacrificar los derechos humanos, la salud y el medioambiente de los pueblos indígenas y las comunidades rurales en beneficio de las empresas extractivas, las empresas multinacionales de automóviles y los consumidores de los países

industrializados.Alysha Khambay, investigadora de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional

Beto Calman, miembro de la comunidad, dijo: “La gente está a favor de las minas por el dinero, sobornos. Si hay una reunión, la gente que está a favor de las minas recibirá una invitación inmediatamente, pero las personas afectadas nunca la recibiremos”.Miembros de la comunidad dijeron que los procesos de CLPI excluyeron a los dirigentes y la toma de decisiones pala’wan habituales, lo que constituye una violación del derecho a la libre determinación. Tanto INC como MMC niegan todas las acusaciones y mantienen que los procesos de CLPI se llevaron a cabo con arreglo a los requisitos. Las empresas tienen la responsabilidad de ejercer la diligencia debida para identificar y prevenir abusos contra los derechos humanos ligados a sus actividades o relaciones empresariales, y abordar los impactos negativos cuando se concluya que se están produciendo. En situaciones en las que no sea posible obtener el CLPI, las empresas deben desvincularse de forma responsable en consulta con los pueblos indígenas afectados y suspender las operaciones previstas. “Ya es hora de dejar de sacrificar los derechos humanos, la salud y el medioambiente de los pueblos indígenas y las comunidades rurales en beneficio de las empresas extractivas, las empresas multinacionales de automóviles y los consumidores de los países industrializados. Debe haber una mayor rendición de cuentas en toda la cadena de suministro de vehículos eléctricos y baterías respecto de los daños potenciales que causan las operaciones de extracción”, concluyó Alysha Khambay.