TAILANDIA: LA DESESTIMACIÓN DE UN CASO EMBLEMÁTICO SUPONE UN REVÉS CRÍTICO Y ALARMANTE EN LA LUCHA CONTRA EL USO ILEGÍTIMO DE PROGRAMAS ESPÍA

El 3 de septiembre de 2024, Amnistía Internacional presentó un informe deamicus curiae ante el Tribunal Civil de Bangkok en apoyo de Jatupat Boonpattararaksa, cuyo teléfono fue infectado con el programa espía Pegasus tres veces entre junio y julio de 2021

En respuesta a la desestimación por parte del Tribunal Civil de Bangkok de la demanda interpuesta por el activista tailandés Jatupat Boonpattararaksa contra NSO Group Technologies Ltd por no haber impedido presuntamente que fuera objeto de un programa espía, Chanatip Tatiyakaroonwong, investigador de Amnistía Internacional sobre Tailandia, ha declarado lo siguiente: 

“El hecho de que el tribunal no reconozca el papel de NSO Group en facilitar violaciones de los derechos humanos mediante la utilización del programa espía Pegasus contra defensores y defensoras de los derechos humanos tailandeses es muy alarmante. Sin embargo, no disuadirá de seguir luchando contra el uso ilegal de programas espía y en favor de la justicia para las víctimas de estos programas en Tailandia y en todo el mundo. 

“A pesar de las repetidas alertas sobre violaciones de los derechos humanos vinculadas a Pegasus, NSO Group no ha hecho públicos sus procesos de diligencia debida, que deben llevarse a cabo de acuerdo con los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. NSO ha vendido Pegasus sin las salvaguardias adecuadas contra las violaciones de los derechos humanos, por lo que es responsable de los abusos contra estos derechos. 

“Las autoridades tailandesas deben tomar medidas inmediatas para proporcionar a las personas afectadas por el programa espía Pegasus toda la información que les permita acceder a vías de recurso y a la justicia. Los actores empresariales y estatales deben rendir cuentas por todo tipo de vigilancia ilegítima contra defensores y defensoras de los derechos humanos”. 

Información complementaria

El 3 de septiembre de 2024, Amnistía Internacional presentó un informe deamicus curiae ante el Tribunal Civil de Bangkok en apoyo de Jatupat Boonpattararaksa, cuyo teléfono fue infectado con el programa espía Pegasus tres veces entre junio y julio de 2021. 

En esta demanda, Jatupat alega que NSO Group facilitó el uso de Pegasus para perseguirle a él y a otras personas activistas tailandesas, violando así sus derechos constitucionales, incluido el derecho a la privacidad. Pidió una indemnización de 2.500.000 baht tailandeses (72.129 dólares estadounidenses), que se pusiera fin al uso de Pegasus para infectar su dispositivo, que se le diera acceso a los datos extraídos de su dispositivo y que se borraran de la base de datos de la empresa. 

En su sentencia, el tribunal desestimó el caso basándose en que no había pruebas suficientes para demostrar que el dispositivo de Jatupat estuviera infectado. El tribunal citó que el demandante no presentó adecuadamente los detalles sobre la investigación forense y el resultado de ésta que le había llevado a la conclusión de que su dispositivo era objeto del programa espía. 

El Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional ha realizado análisis forenses en profundidad de numerosos dispositivos móviles de todo el mundo, incluidos los de defensores y defensoras de los derechos humanos tailandeses, para identificar infecciones del programa espía Pegasus. Una investigación sobre el software espía Pegasus realizada en 2021 por Amnistía Internacional y Forbidden Stories reveló que el software espía de NSO había facilitado numerosas violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. 

En muchos casos, NSO afirma que es un mero desarrollador de programas espía sin control sobre su uso y niega las denuncias de uso indebido de estos programas contra activistas de derechos humanos. 

La empresa sostiene que sus productos se destinan exclusivamente a las agencias gubernamentales que luchan contra la delincuencia y el terrorismo, una afirmación puesta en entredicho por investigaciones de la sociedad civil que indican un uso indebido contra periodistas y activistas en todo el mundo.