Washington D.C., 5 de noviembre del 2024.- Las organizaciones abajo firmantes, que hemos trabajado durante décadas en favor de la protección y promoción de los derechos humanos en la República Dominicana, expresamos nuestra profunda preocupación por la alarmante escalada de hostilidad, acoso y violencia hacia personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en la República Dominicana.
El pasado 2 de octubre el presidente Luis Abinader, anunció la implementación inmediata de un plan para deportar semanalmente a más de 10.000 personas en “situación migratoria irregular”. Desde entonces, diversas organizaciones de sociedad civil que trabajan en la protección de los derechos de las personas migrantes y apátridas han denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos, tales como expulsiones colectivas, deportación de niñas, niños y adolescentes no acompañados, confiscación de documentos de identidad y hacinamiento en los centros de detención.
A raíz de estas denuncias se han incrementado las agresiones, discursos estigmatizantes y ataques a organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos. Recientemente, el 8 de octubre, integrantes de un grupo autodenominado “Movimiento Código Patria” amenazaron a integrantes del Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOSCTHA).Tan solo cuatro días más tarde se llevó a cabo la detención arbitraria de Franklin Dinol, coordinador del Movimiento Reconoci.do. Esta no es la primera vez que se atenta contra organizaciones de la sociedad civil o sus integrantes. En diciembre de 2022, tuvo lugar un allanamiento ilegal en las oficinas del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA).
Las recientes agresiones se inscriben en un contexto más amplio de racismo, xenofobia y persecución contra personas defensoras de derechos humanos en el país, que ha sido reconocido y condenado por la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y las Naciones Unidas. A pesar de la gravedad de esta situación, el gobierno de Luis Abinader no cuenta con una política pública específica para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Aunque el Estado cuenta con un Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH), el cual establece objetivos para promover y defender los derechos humanos de todas las personas en el país, el mismo carece de medidas concretas que salvaguarden a quienes se dedican a la defensa de estos derechos, aunado a la situación de riesgo de quienes se dedican a la protección y defensa de los derechos humanos.
Recordamos que los estándares internacionales establecen la obligación de los Estados de adoptar políticas públicas, medidas legislativas y reglamentarias para garantizar que quienes promuevan y defienden derechos humanos puedan hacerlo sin represalias. Asimismo, destacamos que los Estados tienen la obligación de investigar , perseguir y sancionar seria y eficazmente las amenazas, discursos de odios y atentados en su contra, puesto que mantener los hechos en laimpunidad puede llevar a su repetición y el amedrentamiento de otras personas defensoras.
El gobierno de Luis Abinader, tiene la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de estos instrumentos. En este sentido, las organizaciones firmantes exhortamos al Estado a adoptar una política pública que garantice la protección de las personas defensoras de derechos humanos y a actuar con la debida diligencia para investigar las agresiones cometidas en su contra.
Tags: ONG, Derechos Humanos, seguridad humana.
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