A 800 días de la detención del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, las organizaciones ARTICLE 19 México y Centroamérica, Amnistía Internacional, Committee to Protect Journalists (CPJ), Free Press Unlimited, Freedom House, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Fundamedios, Protection International Mesoamérica y Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la red IFEX-ALC reafirmamos la demanda urgente de pronta e incondicional liberación para el periodista y fundador del medio elPeriódico. Particularmente, exigimos a las autoridades del Ministerio Público y el Organismo Judicial que procedan de forma justa, imparcial y garantizando sus derechos en todo momento. Al gobierno de Guatemala que ejecute una estrategia que permita remediar el daño hecho al periodista, a su familia y a la sociedad guatemalteca por la situación de acoso judicial mantenido en su contra debido al ejercicio de su libertad de expresión y de prensa.
El presidente editorial y fundador del extinto medio elPeriódico, Jose Rubén Zamora se encuentra en detención desde el pasado 29 de julio de 2022, luego de que se le acusara por el supuesto delito de lavado de dinero. Las acusaciones, su detención y los procesos judiciales han sido ejecutados con irregularidades y perpetrados de forma arbitraria por parte de funcionarios estatales, que actualmente forman parte de la Lista Engel de los Estados Unidos por atentar contra el estado de derecho.
El 14 de junio de 2023, un tribunal declaró culpable a Zamora y lo condenó a una pena de seis años de prisión por el delito de lavado de dinero, pese a que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) -dirigida por Rafael Curruchiche- pidió cuarenta años de prisión. No obstante, en octubre de 2023 la Corte de Apelaciones anuló esta sentencia y ordenó repetir el juicio. En septiembre de este año, la Corte Suprema de Justicia notificó que la repetición del juicio no se llevará a cabo sino hasta septiembre de 2025.
Entre tanto, a Zamora le fue impuesta otra medida de detención preventiva, relacionada con dos nuevas acusaciones infundadas, por los supuestos delitos de obstrucción a la justicia y falsificación de documentos.
En agosto de este año un juzgado le otorgó el arresto domiciliario en uno de los casos por segunda ocasión, sin embargo el periodista continúa encarcelado debido a la medida impuesta en otro caso. Esta detención arbitraria prolongada, fuera de los parámetros legales, vulnera la presunción de inocencia de Zamora. Como lo ha indicado uno de sus hijos “La prisión preventiva de mi papá se ha convertido en una pena anticipada por un delito que no cometió”.
Ante la sistematicidad del acoso judicial en su contra y actos de intimidación y hostigamiento en contra de su familia y diversos abogados/as que han conformado sus distintas defensas, organismos y organizaciones internacionales nuevamente nos pronunciamos y alertamos al cumplirse 800 días de detención injusta e ilegal.
Las medidas tomadas por el Ministerio Público, al mando de Consuelo Porras, y la FECI han sido en todo momento desproporcionadas, fuera de lo ordinario y sin aportar pruebas claras. Esto configura una evidente estrategia represiva por la voz crítica y el trabajo periodístico de Zamora, incluyendo las investigaciones hechas al expresidente Alejandro Giammattei. El periodismo de Zamora, el cual acumula una experiencia de más de 30 años, se ha enfocado en visibilizar e informar, principalmente, las redes de corrupción e impunidad internalizadas en el Estado guatemalteco.
En julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su conferencia de prensa derivada de su visita in loco en Guatemala del 22 al 26 de julio, señaló la falta de independencia judicial y el uso desproporcionado del sistema penal en contra de las voces críticas -como la del periodista- en Guatemala.
En mayo de este año, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria también solicitó la liberación inmediata del periodista en una opinión experta en el caso de Zamora en la que se indica que el periodista está en prisión por “motivos de opinión política”. Además, señaló que el proceso en contra de Zamora opera en contra de seis artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre ellos el artículo 19, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Guatemala forma parte.
Por lo anterior las organizaciones firmantes pedimos al Gobierno de Guatemala, en especial al presidente Bernardo Arévalo que, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, de manera particular respecto al derecho de acceso a la justicia, impulse las medidas necesarias para remediar la situación de Zamora, que incluye la reparación integral del daño perpetuado en su contra -entre los que se contemplan actos de tortura-, así como que vigorice los esfuerzos para acatar las recomendaciones hechas por organismos internacionales para poner fin a su detención arbitraria.
Enfatizamos que el caso de Jose Rubén Zamora es emblemático por los efectos a su persona y su trabajo, así como por el impacto negativo y disuasorio para el ecosistema periodístico y de medios en el país. El acoso judicial en represalia a la labor periodística es un ataque flagrante al estado de derecho en Guatemala.
Organizaciones firmantes
Tags: Guatemala, Derechos Humanos, Libertad de expresión.
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