VENEZUELA: REPRESIÓN Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS REQUIERE ATENCIÓN Y COORDINACIÓN URGENTES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

En este momento las autoridades reportan más de dos mil terroristas detenidos, para referirse a quienes protestaron. Aunque las organizaciones de derechos humanos han logrado identificar solo mil 780 de estos presos por motivos políticos, que no han tenido juicios justos.

Entre estas personas detenidas de forma arbitraria han reportado a personas adultas mayores y personas con discapacidad; es frecuente ver llamados angustiados de familiares pidiendo acceso a información sobre ellos, denunciando su desaparición o su traslado a penales lejanos, en los que no podrán brindarles apoyo para su alimentación y acompañamiento.

Este castigo colectivo hacia la sociedad civil también se extiende, como una imparable estrategia de terror, a campañas de estigmatización, amenazas, anulaciones de pasaportes y otras medidas. Varias personas han resultado retenidas en el aeropuerto al tratar de viajar fuera del país, prohibiendo su salida y siendo sometidas a largos interrogatorios. A varios jóvenes del proyecto Diversxs por derechos LGBTIQ+ les han anulado sus pasaportes y al menos a uno de estos jóvenes líderes le sometieron a una detención breve, con traslado a la unidad de contra inteligencia cuando trataba de asistir al Comité contra la Discriminación Racial de la ONU al que estaba invitado.

Llamados de Amnistía Internacional

Como parte de las acciones globales de nuestro movimiento dirigimos también, el 9 de agosto de 2024, una Carta abierta al Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidiéndole acciones urgentes ante la Comisión de Crímenes de Derecho Internacional en el país sudamericano.

En el documento no dejamos de advertir “el silencio” de dicha Fiscalía ante los acontecimientos ocurridos hasta ese momento en Venezuela y pedimos la urgente emisión de una declaración preventiva –como lo hiciera en otras situaciones– sobre la situación en el país, que ponga sobre aviso a las y los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional de que serán llevados ante la justicia.

Exhortamos al Fiscal a que apoye “a todas las ONG venezolanas (…) a condenar los ataques contra ellas por su labor en favor de la justicia”, así como a “acelerar urgentemente su investigación sobre la situación en Venezuela”, que la CPI inició en noviembre de 2021”.

Cierre del espacio cívico

Las ONG comunitarias, humanitarias y de derechos humanos se encuentran bajo una intensa presión. El Parlamento venezolano aprobó el 15 de agosto de 2024 la denominada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, identificada como ley anti ONG. Ésta es un mecanismo de persecución con artículos ambiguos –que incluyen sanciones desproporcionadas–, con los que se pretende declararlas ilegales, poniendo así en riesgo su operación.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado que “la pretensión (…) de esta ley es impedir que la sociedad civil venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las autoridades no son capaces de satisfacer y denunciando la crisis humanitaria compleja en la que está sumido el país, así como los posibles crímenes de lesa humanidad orquestados por el gobierno de Nicolás Maduro. La aprobación de esta ley se suma a los mecanismos de persecución política que ya investiga el Fiscal de la Corte Penal Internacional”.

Esta declaración toca otro filón importante de la crisis venezolana que no se debe perder de vista y es que ésta ha llevado al 25 por ciento de la población a dejar el país.

La ley anti ONG atenta contra el derecho de asociación y participación en asuntos públicos, con su puesta en práctica se busca cerrar el espacio cívico y asfixiar el derecho a la protesta tan importante para denunciar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos referidas a lo largo de este texto.

El cierre del espacio cívico no es exclusivo de Venezuela, afecta a diversos países de las Américas y ha llegado a un punto de inflexión debido a las medidas legales que lo han reducido de manera severa, limitando con ello la participación ciudadana, de colectivas, ONG y periodistas, entre otros, en asuntos que competen a sus comunidades. Este es un tema de gran preocupación para Amnistía Internacional que lo planteó ya, mediante una Carta abierta dirigida a la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de su 54° sesión ordinaria en junio de este año.

En diferentes países hemos visto como el derecho de asociación es fundamental para que las personas participen activamente en asuntos que son del interés personal o comunitario. Y cuando las instancias formales no dan respuesta a sus demandas queda como alternativa el derecho a la protesta pacífica, como herramienta fundamental para el reclamo de derechos.

En una carta pública dirigida al gobierno de Venezuela el 31 de julio de 2024, firmada por Amnistía Internacional y diversas organizaciones internacionales, además de condenar la violación de derechos humanos, solicitamos garantizar el derecho a la protesta y el respeto pleno a los derechos a la vida, integridad personal y la libertad de las personas.

Estos llamados se encuadran en nuestra campaña global #ProtejamosLaProtesta, lanzada en julio de 2022, para denunciar las leyes y medidas que aplican los Estados tales como el uso indebido de la fuerza, vigilancia ilegal, apagones, censura de internet y estigmatización, para reprimir a los movimientos sociales. La campaña está acompañada de una petición en la que instamos a los Estados a regular el uso excesivo e ilegítimo de la fuerza por sus elementos de seguridad y a que haya rendición de cuentas por los responsables de operaciones policiales. Invitamos a las personas lectoras a sumarse a dicha petición para lograr el objetivo común de proteger la protesta y a las personas que se manifiestan.

Desde Amnistía Internacional nos hemos pronunciado enérgicamente, con una sola voz global, contra las violaciones a derechos humanos en Venezuela y demandamos de las instancias internacionales pronunciamientos claros y contundentes para exigir el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos de las personas en ese país.

Mecanismos como la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, desempeñan un papel de suma importancia para la documentación de las graves violaciones de derechos humanos en el marco de las actuales protestas en el país sudamericano.

No dejaremos de insistir en el respeto al derecho de las personas venezolanas a la libertad de expresión y de protesta pacífica, así como en nuestro llamado a que las autoridades de ese país se abstengan de criminalizar la protesta y a las personas defensoras de los derechos humanos. El Estado venezolano tiene, entre otras, esas obligaciones, además de apegarse a los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza.

No cejaremos en nuestro acompañamiento a las personas que luchan por ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y a que nadie sea procesado o privado de su libertad por ejercerlo. Seguiremos haciéndolo hasta que la justicia se haga costumbre.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México @amnistiamexico. Marcos Gómez (@GomezMarcos) es Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela @amnistia.