Una nueva investigación de Amnistía Internacional revela que las fuerzas israelíes no tomaron todas las precauciones posibles para evitar o reducir al mínimo los daños causados a civiles refugiados en campamentos para personas internamente desplazadas cuando llevaron a cabo dos ataques en mayo contra mandos y combatientes de Hamás y la Yihad Islámica en el sur de la Franja de Gaza ocupada. Estos ataques probablemente fueron indiscriminados, y uno de ellos también fue desproporcionado. Los dos ataques deben ser investigados como crímenes de guerra.
El 26 de mayo de 2024, dos ataques aéreos israelíes contra el Campamento de Paz de Kuwait, un campamento improvisado para personas internamente desplazadas en Tal al Sultan, en el oeste de Rafá, causaron la muerte de al menos 36 personas —entre ellas 6 niños y niñas— y heridas a más de 100. Entre las víctimas mortales había al menos cuatro combatientes. Los ataques aéreos, cuyo objetivo eran dos mandos de Hamás que se hallaban entre las personas civiles desplazadas, consistieron en dos bombas guiadas GBU-39 de fabricación estadounidense. El uso de este tipo de munición, que proyecta fragmentos mortíferos sobre grandes superficies, en un campamento que alberga a civiles en refugios temporales atestados, probablemente constituyó un ataque desproporcionado e indiscriminado y debe ser investigado como crimen de guerra.
El 28 de mayo, en el segundo incidente investigado, las fuerzas armadas israelíes dispararon al menos tres proyectiles de tanque en un lugar de la zona de Al Mawasi, en Rafá, que el ejército israelí había designado como “zona humanitaria”. Los ataques mataron a 23 civiles —12 niños y niñas, 7 mujeres y 4 hombres— y causaron lesiones a muchos más. La investigación de Amnistía Internacional reveló que, aparentemente, los objetivos del ataque eran un combatiente de Hamás y otro de la Yihad Islámica. Este ataque —que no distinguió entre población civil y objetivos militares al usar municiones no guiadas en una zona llena de civiles que se alojaban en tiendas— probablemente fue indiscriminado y debe ser investigado como crimen de guerra.
Una vez más, la población civil palestina desplazada que buscaba refugio y seguridad ha pagado con su vida.
Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional
Los combatientes de Hamás y la Yihad Islámica fueron localizados en un campamento de personas internamente desplazadas, un lugar que las personas desplazadas creían que había sido designado como “zona humanitaria”, por lo que pusieron en peligro a sabiendas la vida de civiles. Su elección del lugar en ambos campamentos de personas internamente desplazadas probablemente violó la obligación de evitar, en la medida de lo posible, situar combatientes en zonas densamente pobladas. Amnistía Internacional no dispone de información con respecto a la razón o las motivaciones de su presencia, pero todas las partes en el conflicto deberían haber tomado todas las precauciones posibles para proteger a la población civil y los bienes de carácter civil.
“Aunque estos ataques hubieran estado dirigidos contra mandos y combatientes de Hamás y la Yihad Islámica, una vez más la población civil palestina desplazada que buscaba refugio y seguridad ha pagado con su vida”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.
“El ejército israelí habría tenido pleno conocimiento de que el uso de bombas que proyectan metralla mortífera en un radio de cientos de metros y de proyectiles no guiados disparados por tanques mataría y causaría lesiones a un gran número de civiles refugiados en entornos superpoblados que carecen de protección. Los militares podrían y deberían haber tomado todas las precauciones posibles para evitar, o al menos reducir al mínimo, los daños a civiles.
“Las muertes y lesiones evitables de civiles son un claro y trágico recordatorio de que, en virtud del derecho internacional humanitario, la presencia de combatientes en la zona elegida como objetivo no exime al ejército israelí de su obligación de proteger a la población civil.
Todas las partes en el conflicto deben adoptar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil. Esto incluye también la obligación de Hamás y otros grupos armados de evitar, en la medida de lo posible, situar objetivos militares y combatientes en zonas densamente pobladas o sus proximidades.”
Amnistía Internacional entrevistó a 14 supervivientes y testigos, inspeccionó los lugares donde se produjeron los ataques, visitó un hospital de Jan Yunis en el que recibían tratamiento las personas heridas, fotografió los restos de las municiones empleadas en los ataques para su identificación y examinó imágenes de satélite de los lugares. La organización también examinó declaraciones pertinentes del ejército israelí relacionadas con los ataques.
El 24 de junio de 2024, Amnistía Internacional envió preguntas en relación con los dos incidentes de ataques a las autoridades israelíes. El 5 de julio de 2024, Amnistía Internacional también remitió preguntas al fiscal general y a funcionarios del Ministerio de Justicia de la administración de facto de Hamás en relación con la presencia de mandos y combatientes en estas zonas civiles. En el momento de publicar este comunicado no se había recibido ninguna respuesta.
La tarde del domingo 26 de mayo, Hamás reivindicó la autoría del lanzamiento de una serie de cohetes indiscriminados de largo alcance contra Tel Aviv desde Rafá. El ejército israelí afirmó que los cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro, y no se informó de víctimas.
Hacia las 20.45, el ejército israelí lanzó dos bombas contra el Campamento de Paz de Kuwait y anunció que había “atacado un recinto de Hamás en Rafá en el que operaban importantes terroristas de Hamás”. Más tarde, el ejército israelí emitió una actualización que indicaba que había matado a dos altos mandos militares de Hamás, Yassin Rabie y Khaled Najjar. Sin embargo, después se supo que Khaled Najjar había resultado herido, pero no muerto. También murieron un jefe militar de las Brigadas Al Qassam de Hamás, Khuweiled Ramadan, y al menos otros dos combatientes de Hamás cuya identidad pudo verificar Amnistía Internacional. La muerte de Yassin Rabie y Khuweiled Ramadan fue confirmada por el Ministerio de Salud en Gaza y en necrologías.
El ejército israelí afirmó que los ataques se llevaron a cabo con “las municiones más pequeñas que pueden lanzar aviones de combate”. A partir de fotografías de restos de las bombas, tomadas in situ por personal de campo de Amnistía Internacional, personas expertas en armas de la organización identificaron las municiones como GBU-39 de fabricación estadounidense. Las bombas contienen una carga explosiva de 17 kilogramos. Sin embargo, el peso total de cada bomba es de 113 kilogramos, capaz de lanzar fragmentos de metal a cientos de metros. El ejército israelí posee misiles precisos más pequeños, transportados por drones, que contienen una cantidad muy inferior de explosivos y tienen efecto en una superficie más reducida.
Al utilizar municiones explosivas que tienen efecto en amplias superficies en un campamento de personas internamente desplazadas, cuando se disponía de municiones con efecto en superficies más pequeñas, probablemente el ejército israelí no tomó todas las precauciones posibles para evitar o reducir al mínimo los daños incidentales a la población civil y los daños a bienes civiles.
Los ataques del 26 de mayo probablemente también fueron desproporcionados. Al considerar si un ataque es desproporcionado, las leyes de la guerra establecen que el ataque está prohibido si el daño previsto a la población civil es excesivo en comparación con la ventaja militar directa que se espera obtener. En muchos ataques, Amnistía Internacional no ha podido identificar el objetivo previsto, lo que impide una evaluación de su proporcionalidad. Las fuerzas armadas israelíes anunciaron que el objetivo de este ataque eran dos mandos de Hamás. Quienes planearon el ataque deberían haber sabido los daños a civiles previstos. El Campamento de Paz de Kuwait en Tal al Sultan funcionaba desde hacía al menos cuatro meses y, por tanto, el ejército israelí tenía conocimiento de la presencia de un gran número de civiles desplazados. Las personas civiles vivían en refugios improvisados que no ofrecían protección alguna y, al elegir las dos bombas GBU-39, las numerosas víctimas civiles habrían sido previsibles. Debería haber estado claro que existía la posibilidad de que estas acciones fueran excesivas en relación con la ventaja militar directa esperada.
Los mapas publicados por las fuerzas armadas israelíes el 6 de mayo modificaron los límites de la “zona humanitaria” y eliminaron Tal al Sultan, que se consideraba parte de dicha zona desde hacía meses. Sin embargo, esta eliminación no se comunicó de forma adecuada a la población civil que seguía refugiándose en ese lugar. En muchos casos, los mapas distribuidos por el ejército israelí en relación con las “zonas humanitarias” han sido confusos y contradictorios, por lo que no constituyen avisos efectivos.
El ejército israelí ha afirmado, por ejemplo en respuestas a medios de comunicación, que está “investigando” los ataques. Documentación concordante de organizaciones israelíes e internacionales de derechos humanos ha señalado que el ejército israelí, a través de sus propios mecanismos internos, no ha investigado de manera efectiva e imparcial las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas contra la población civil palestina.
Varias de las personas civiles que murieron o resultaron heridas en los ataques contra el Campamento de Paz de Kuwait fueron alcanzadas por fragmentos de metal, entre ellas un niño de corta edad y una mujer joven que quedaron decapitados. Otras víctimas sufrieron cortes profundos y fracturas de extremidades. La mayoría de las víctimas civiles verificadas por Amnistía Internacional fueron causadas por fragmentos de las bombas, y otras sufrieron graves quemaduras. Otro cuerpo estaba tan quemado que no pudo ser identificado.
Entre las personas civiles que perdieron la vida el 26 de mayo había cinco miembros de la familia Al Attar, desplazada del norte de Gaza a causa de la guerra, que llevaban cuatro meses en el Campamento de Paz de Kuwait. Su alojamiento lindaba con el de los mandos de Hamás atacados, pero sus familiares sobrevivientes dijeron a Amnistía Internacional que no sabían si los hombres que vivían al lado estaban afiliados a un grupo armado.
Mi madre estaba muerta. Mi padre gritaba pidiendo ayuda.
Lina al Attar, de 21 años, que resultó herida en los ataques
Lina al Attar, de 21 años, resultó herida en los ataques. Su madre, su tía, su cuñada, su abuelo y su tío murieron. Lina declaró a Amnistía Internacional: “Vivíamos en un lugar seguro para personas desplazadas, sólo casetas de metal y tiendas de campaña, sin casas alrededor ni personas buscadas. Era una zona verde [segura] en los mapas arrojados [lanzados] por el ejército israelí. […] Después de rezar la Magrib [oración del ocaso], estábamos sentados charlando y relajados, ya que no se oían drones ni bombardeos.
“No oí el sonido del misil. […] Mi hermano retiró el metal que me había caído encima. […] Él estaba herido en una mano y también en el hombro por la metralla. […] Logré retirar el resto del metal y liberarnos, y encontré a todos esparcidos por el suelo, destrozados y entre charcos de sangre.
“Mi madre estaba muerta. Mi padre gritaba pidiendo ayuda. La esposa de mi hermano murió en el acto en el lugar donde estaba sentada con su bebé en los brazos. Agarré a su bebé y se lo di a mi padre. Luego saqué a mi niña del regazo de mi esposo, que estaba herido. Logramos salvarnos, pero había tantas personas muertas a nuestro alrededor.”
A los ataques les siguió un incendio que causó más muertes y heridas. Personas expertas en armas de Amnistía Internacional analizaron imágenes filmadas en el lugar,
publicadas en Internet por residentes inmediatamente después de los ataques, y concluyeron que las dimensiones y la intensidad del incendio probablemente fueron causados por el combustible para cocinar almacenado en el lugar donde cayeron las bombas israelíes.
Una persona residente, desplazada del norte de Gaza desde noviembre de 2023, relató a Amnistía Internacional: “Estaba a unos 30-40 metros del bombardeo. […] Oí el ruido de dos grandes ataques seguidos, y luego comenzó un gran incendio.
“Oí a la gente gritar y me tendí en el suelo. Todavía tiemblo al recordar la escena. Vi gente ardiendo. Hemos vivido bombardeos, pero nunca había visto algo así. […] Buscábamos seguridad, sólo queremos vivir, y ahora estamos perdidos de nuevo.”
Las imágenes de satélite de la mañana del 26 de mayo de 2024 muestran muchas estructuras en el Campamento de Paz de Kuwait (izquierda). En las imágenes de satélite del 27 de mayo se ve una destrucción significativa en la zona tras dos ataques aéreos y un incendio posterior (derecha).
El martes 28 de mayo, hacia las 14.45, las fuerzas armadas israelíes lanzaron al menos tres proyectiles de tanque en un lugar de la zona de Al Mawasi, en Rafá —designado desde hacía meses por el ejército israelí como “zona humanitaria” de Gaza— que causaron la muerte de al menos 23 personas y heridas a muchas más.
La investigación de Amnistía Internacional reveló que dos combatientes —uno de Hamás y otro de la Yihad Islámica Palestina— se alojaban en tiendas de campaña cerca de la población civil desplazada en las proximidades de lugar donde se llevaron a cabo los ataques. Estos combatientes podrían haber sido el objetivo previsto de los ataques. Otra fuente dijo a Amnistía Internacional que había combatientes en un jeep que circulaba por la zona en ese momento, que los ataques no alcanzaron por poco. Amnistía Internacional no pudo determinar si los combatientes del jeep eran los mismos combatientes que se alojaban en las tiendas de campaña.
Personal experto en armas de Amnistía Internacional analizó fotografías de fragmentos del arma utilizada e identificaron el artefacto como proyectiles de tanque de 120 milímetros. Las imágenes de satélite indican que la mañana del ataque había posiciones militares israelíes dentro del alcance de un cañón de 120 milímetros.
Dos de los proyectiles impactaron en la pared exterior y el patio de la casa de la familia Al Hams y mataron a Beesan al Hams, de siete años, y a su hermano, Saleh al Hams, de cinco años. También murió otro civil, Ibrahim al Ghaffari, de 63 años.
Mohammad Salah al Hams, tío de la niña y el niño, relató a Amnistía Internacional: “Saleh y Beesan estaban visitando a su abuelo materno. Después del almuerzo salieron del recinto familiar para tirar la basura. Llevaban fuera del recinto algo así como entre 40 y 90 segundos, cuando cayeron los proyectiles, con sólo unos segundos de diferencia. Yo estaba cerca y entré rápidamente en la casa. Su padre salió de la casa y corrió hacia donde Saleh yacía muerto. Le habían dado en la cabeza. […] A Beesan, la fuerza de la explosión la había lanzado a una tienda de campaña cercana. Estaba gravemente herida y la llevaron urgentemente al hospital, pero murió.”
Minutos después, otro proyectil de tanque impactó en un campamento cercano y mató a 20 civiles desplazados, 10 niños y niñas, 7 mujeres y 3 hombres.
Escuché un ruido ensordecedor. Lo primero que vi después fueron pedazos, cuerpos de personas hechos pedazos.
Isra Ali, cuyo esposo e hijo murieron en el ataque
Isra Ali, una mujer desplazada de 33 años, de Shujaiyah, en la ciudad de Gaza, perdió a su esposo, Ashraf Mohammed Ali, taxista de 42 años, y a su hijo Amir, de 11 años.
Lina declaró a Amnistía Internacional: “Estaba preparando un almuerzo sencillo para la familia cuando oí sonidos lejanos, uno tras otro. No presté mucha atención porque estamos acostumbrados a los bombardeos y los ataques, pero minutos después […] escuché un ruido ensordecedor. Lo primero que vi después fueron pedazos, cuerpos de personas hechos pedazos. Las tiendas no sufrieron daños, pero los niños, incluido mi hijo Amir, quedaron hechos pedazos. No sabemos por qué atacaron este lugar.
“Ahora he perdido a mi esposo, he perdido a mi hijo. ¿Adónde voy con mis hijos? ¿Cómo podemos sobrevivir? Mi familia ha quedado devastada; a mi esposo, el único sostén de la familia, lo han matado. No me siento segura aquí, pero no sé cómo gestionarlo ni qué hacer.”
El ejército israelí no ofreció ninguna explicación del ataque, pero más tarde afirmó que “en contra de los informes de las últimas horas, las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] no atacaron en la Zona Humanitaria de Al Mawasi”.
Después de los ataques, algunas personas residentes se enfrentaron a los dos combatientes y les pidieron que abandonaran la zona, lo que refleja el creciente enojo en Gaza por la conducta de los grupos armados que ponen en peligro a la población civil. Sin embargo, la presencia de combatientes continuó, lo que provocó que toda la población de la zona, tanto las personas desplazadas como las residentes, la abandonara unos días después.
La concentración de civiles en zonas de reducidas dimensiones en Gaza se ha visto agravada por las sucesivas oleadas de desplazamiento masivo, que se suman al permanente bloqueo ilegal de Israel que restringe la circulación de las personas que buscan seguridad fuera de Gaza. En estas condiciones, es más importante si cabe que las partes en el conflicto se atengan estrictamente a las normas del derecho internacional humanitario cuyo objetivo es proteger a la población civil de los efectos de las operaciones militares.
La presencia de objetivos militares no exime a las fuerzas israelíes de sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, entre ellas su deber de respetar los principios de distinción y proporcionalidad, ni de su obligación de tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a la población civil.
El principio de distinción, un principio fundamental del derecho internacional humanitario, exige que las partes distingan en todo momento entre objetivos militares y población civil o bienes de carácter civil y que dirijan sus ataques únicamente contra los objetivos civiles.
Además de prohibir los ataques dirigidos contra civiles, el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques indiscriminados, es decir, los que pueden alcanzar indistintamente objetivos militares y a civiles o bienes de carácter civil. El principio de precaución exige además que las partes en el conflicto presten una atención constante a evitar causar daños a la población civil y a los bienes de carácter civil, lo que incluye tomar todas las precauciones posibles para evitar, y en cualquier caso reducir al mínimo, los daños incidentales a la población civil y los daños a bienes de carácter civil.
El derecho internacional humanitario prohíbe asimismo los ataques desproporcionados, es decir, llevar a cabo ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.
Asimismo, las partes deben tomar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil y los bienes de carácter civil que están bajo su control contra los efectos de los ataques.
En el caso de Hamás y otros grupos armados palestinos que combaten en Gaza, esto incluye evitar, en la medida de lo posible, situar objetivos militares y combatientes dentro de zonas densamente pobladas o en sus proximidades, incluidos los refugios para personas internamente desplazadas.
Entre las precauciones que deben adoptar las partes atacantes figuran las siguientes: verificar que los objetivos son objetivos militares; elegir armas y tácticas apropiadas para evitar o reducir al mínimo los daños incidentales a civiles y los daños a bienes de carácter civil presentes en las proximidades de los objetivos militares; evaluar si cabe esperar que el ataque sea desproporcionado y, en tales casos, cancelarlo o suspenderlo; y avisar con antelación y de forma efectiva a la población civil, a menos que las circunstancias no lo permitan.
El derecho internacional prohíbe utilizar de forma intencionada la presencia de civiles u otras personas protegidas para evitar que ciertas zonas sean objeto de operaciones militares Amnistía Internacional no pudo establecer si, con su presencia en los campamentos, los combatientes tenían o no la intención de protegerse de ataques militares. Sin embargo, en virtud del derecho internacional humanitario, aun en el caso de que una de las partes utilice “escudos humanos” o ponga en peligro ilegalmente de otro modo a la población civil, esto no exime a la parte contraria de cumplir con su obligación de distinguir entre objetivos militares y población civil o bienes de carácter civil, de abstenerse de llevar a cabo ataques indiscriminados o desproporcionados y de tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a la población civil y los bienes de carácter civil.
Antes de iniciarse la incursión terrestre del 7 de mayo de 2024, Rafá albergaba a más de 1,2 millones de personas procedentes de zonas más septentrionales que se vieron en situación de desplazamiento forzoso el 13 de octubre de 2023, cuando las fuerzas armadas israelíes dictaron la primera orden de “evacuación” masiva contra la población del norte de Gaza. Aproximadamente el 85% de la población de Gaza ha sufrido al menos un desplazamiento forzado, y muchas personas se han visto ya obligadas a desplazarse en varias ocasiones. Se calcula que, tras la expansión de las operaciones militares de Israel en la zona, más de un millón de personas palestinas se han visto desplazadas de Rafá.
Desde octubre de 2023, Amnistía Internacional ha investigado en profundidad 16 ataques aéreos israelíes que han matado a un total de 370 civiles, incluidos 159 niños y niñas, y han provocado centenares de personas heridas. Amnistía Internacional ha hallado indicios de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes, entre ellos ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil o ataques indiscriminados, así como otros ataques ilegítimos y castigos colectivos infligidos a la población civil. La organización ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que acelere su investigación sobre la situación en Palestina, y hace campaña por un alto el fuego inmediato.
El 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos armados palestinos lanzaron cohetes de efecto indiscriminado y enviaron combatientes contra el sur de Israel y cometieron crímenes de guerra como el homicidio masivo deliberado de civiles y la toma de rehenes. Según las autoridades israelíes, unas 1.200 personas murieron violentamente. Amnistía Internacional ha manifestado que Hamás y otros grupos armados deben rendir cuentas por los homicidios, los secuestros y los ataques indiscriminados cometidos de forma deliberada. Amnistía Internacional pide la liberación inmediata de todos los rehenes civiles retenidos en Gaza. La toma de rehenes es una violación grave del derecho internacional y constituye un crimen de guerra.
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