Ante el papel que desempeñan las plataformas de redes sociales en la violencia racista e islamófoba en curso en Reino Unido, Pat de Brún, director adjunto de Amnesty Tech, ha declarado:
“A la luz de los continuos ataques racistas y la violencia islamófoba que se extienden por Reino Unido, no debemos pasar por alto cómo las grandes plataformas tecnológicas ofrecen a la extrema derecha un formidable espacio para incitar al odio y organizarse.
“En Reino Unido, la violencia racista que ha estallado en las calles se produce después de un periodo de intensa búsqueda de chivos expiatorios de personas refugiadas y migrantes por parte de políticos y otras personas, mediante una retórica y unas políticas peligrosas. En este contexto, los algoritmos de las redes sociales han amplificado e intensificado activamente el discurso xenófobo.
A la luz de los continuos ataques racistas y la violencia islamófoba que se extienden por Reino Unido, no debemos pasar por alto cómo las grandes plataformas tecnológicas ofrecen a la extrema derecha un formidable espacio para incitar al odio y organizarse.
Pat de Brún, director adjunto de Amnesty Tech
“Estos algoritmos tóxicos están diseñados deliberadamente para dar prioridad, por encima de todo, a que la gente se implique. En consecuencia, actúan como incendiarios que alimentan la división, la desinformación y el odio. Estos algoritmos son parte integrante del modelo de negocio basado en la vigilancia de muchas grandes empresas tecnológicas, que busca acumular nuestros datos personales íntimos en número cada vez mayor. Este modelo ha permitido enormes beneficios para una lucrativa industria de las grandes empresas tecnológicas, pero ha acarreado consecuencias desastrosas a largo plazo para los derechos humanos, en particular para las personas más marginadas de la sociedad.
“Ahora más que nunca, está claro que se debe prohibir la increíblemente invasiva y dañina vigilancia masiva que llevan a cabo las principales plataformas de redes sociales y que sus algoritmos deben estar sujetos a una estricta supervisión normativa para garantizar la protección de nuestros derechos”.
