UN ORGANISMO DE LA ONU PIDE QUE SE EXCARCELE A UN DENUNCIANTE DE IRREGULARIDADES CONTRA QATAR

El mandato del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la ONU, consiste en investigar casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente o que sea incompatible con las normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humano o en los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los Estados interesados. Este mecanismo está integrado por cinco personas expertas independientes, de distribución geográfica equitativa, que investigan casos individuales y elaboran informes y opiniones a fin de cumplir el mandato

Las autoridades de Qatar deben poner en libertad de inmediato al exdirector de comunicaciones de la Copa Mundial masculina de 2022 Abdullah Ibhais, de nacionalidad jordana, después de que una comisión de la ONU determinara que lleva casi tres años detenido de forma arbitraria. Así lo han manifestado hoy FairSquare, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Ibhais, exdirector de comunicaciones del Comité Supremo de Gestión y Patrimonio —el comité organizador de la Copa Mundial de Qatar—, fue detenido en 2019, algunos meses después de haber expresado su preocupación por el trato infligido a los trabajadores migrantes en los proyectos de construcción relacionados con la Copa Mundial. La FIFA (órgano regulador del fútbol internacional) se negó a apoyar públicamente los llamamientos para que Ibhais fuera juzgado con garantías después de que éste afirmara que había sido sometido a procesamiento doloso. El ciudadano jordano fue detenido nuevamente en noviembre de 2021 y cumple una condena de tres años por soborno.

“La FIFA se desentendió de Abdullah Ibhais un mes antes de la Copa Mundial de Qatar, pese a que había indicios claros de juicio manifiestamente injusto en un procesamiento instigado por sus entidades asociadas qataríes”, ha señalado Nick McGeehan, codirector de FairSquare, que sigue el caso desde el principio. “Esta decisión, muy fundamentada, debería obligar a la FIFA a actuar y pedir públicamente que se ponga en libertad a Ibhais y se le permita regresar con sus pequeños.”

La FIFA se desentendió de Abdullah Ibhais un mes antes de la Copa Mundial de Qatar, pese a que había indicios claros de juicio manifiestamente injusto en un procesamiento instigado por sus entidades asociadas de Qatar.

Nick McGeehan, FairSquare

En agosto de 2019, después de que un grupo amplio de trabajadores migrantes que vivían en el campo de trabajo de Al Shahaniya se declarara en huelga para protestar contra el impago de salarios, Ibhais presentó pruebas a sus colegas del Comité Supremo de que algunos de los trabajadores habían participado en la construcción de estadios para la Copa Mundial de 2022. Además, aconsejó a esta entidad que reconociera públicamente la implicación de su personal y se centrara en resolver la situación.

“Mentir no es costumbre en Qatar, y no debe serlo”, escribió en un mensaje dirigido a otra persona de alto rango del Comité Supremo. Apenas unas semanas después, en noviembre de 2019, las entidades organizadoras de la Copa Mundial de Qatar presentaron un informe a la policía en el que acusaban a Ibhais de haber participado en sobornos para atentar contra la seguridad del Estado.

En septiembre de 2021, Ibhais buscó el apoyo de la FIFA a través de su plataforma en línea de denuncia de irregularidades. En noviembre de ese mismo año, la FIFA declaró que “cualquier persona merec[ía] un juicio justo” y añadió que “seguir[ía] de cerca el asunto”, pero ese fue todo el compromiso de apoyo que ofreció a Abdullah.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la ONU, asumió el caso después de que los familiares de Ibhais presentaran una solicitud en diciembre de 2022 alegando que éste había sido encarcelado arbitrariamente con arreglo a un juicio manifiestamente injusto.

En una decisión oficial dada a conocer a principios de julio de 2024, el Grupo de Trabajo de la ONU publicó una opinión de 13 páginas sobre el caso. Su conclusión era que la detención carecía de fundamento jurídico, que la privación de libertad se derivaba del ejercicio de sus derechos y que el derecho a un juicio justo había sido vulnerado de diversas maneras, como el rechazo a investigar sus denuncias de confesión obtenida bajo coacción, la negación de asistencia letrada y la negación del derecho a acceder a las pruebas.

El gobierno de Qatar disponía de dos meses para responder al Grupo de Trabajo e impugnar las graves acusaciones en su contra, pero no lo hizo. El Grupo de Trabajo, a su vez, pidió a este gobierno que excarcelara de inmediato a Abdullah Ibhais y le reconociera el derecho jurídicamente exigible a una indemnización y otras formas de reparación, conforme al derecho internacional.

La determinación de la ONU concuerda con las denuncias de FairSquare, Human Rights Watch y Amnistía Internacional de que el caso planteaba motivos graves de preocupación.

Está previsto que Ibhais, que tiene de dos hijos, salga de prisión en octubre de 2024, pero su pena podría extenderse hasta abril de 2025 si no puede pagar la multa que el tribunal también le impuso.

Human Rights Watch ha declarado que la fiscalía no presentó elementos de prueba admisibles de que Ibhais hubiera cometido algún delito. El tribunal de apelación confirmó que la única prueba en la que se basaba era su confesión, de la que el acusado se había retractado durante el juicio alegando que se había obtenido mediante amenazas y coacción.

Amnistía Internacional ha calificado el juicio de injusto y ha declarado que las denuncias de que Ibhais fuera amenazado y se viera obligado a hacer confesiones incriminatorias deben investigarse de forma independiente y efectiva.

“El Grupo de Trabajo de la ONU ha confirmado de forma contundente lo que muchos actores llevamos años diciendo: hace tiempo que las autoridades de Qatar tenían que haber excarcelado a Abdullah Ibhais, anulado su sentencia condenatoria y garantizado su derecho a un recurso efectivo, incluida una indemnización adecuada. Todo lo relacionado con su terrible experiencia, como la falta de garantías procesales, la prohibición de visitas familiares o el uso de la confesión forzada, constituye una parodia de la justicia a la que se debe poner fin de inmediato”, ha expresado Aya Majzoub, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

El Grupo de Trabajo de la ONU ha confirmado de forma contundente lo que muchos actores llevamos años diciendo: hace tiempo que las autoridades de Qatar tenían que haber puesto en libertad a Abdullah Ibhais, anulado su sentencia condenatoria y garantizado su derecho a un recurso efectivo, incluida una indemnización adecuada.

Aya Majzoub, Amnistía Internacional

El mandato del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la ONU, consiste en investigar casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente o que sea incompatible con las normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humano o en los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los Estados interesados. Este mecanismo está integrado por cinco personas expertas independientes, de distribución geográfica equitativa, que investigan casos individuales y elaboran informes y opiniones a fin de cumplir el mandato.

“La falta de respuesta de las autoridades de Qatar a la determinación del Grupo de Trabajo sobre la violación del derecho a las debidas garantías en el juicio de Abdullah Ibhais es muy significativa”, ha agregado Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch.

“Ibhais sufrió represalias simplemente por haber expresado su preocupación acerca de los abusos generalizados y bien documentados cometidos contra los trabajadores migrantes, como el retraso en el pago de salarios. Las autoridades de Qatar deben excarcelarlo de inmediato e indemnizarlo por la injusta persecución a la que fue sometido.”