Las autoridades israelíes deben poner fin a la detención indefinida en régimen de incomunicación de personas palestinas de la Franja de Gaza ocupada, sin cargos ni juicio, en virtud de la Ley de Combatientes Ilegítimos, en flagrante violación del derecho internacional, ha afirmado Amnistía Internacional.
La organización ha documentado los casos de 27 personas palestinas —5 mujeres, 21 hombres y un niño de 14 años— que permanecieron detenidas en relación con esta ley durante periodos de hasta cuatro meses y medio sin acceso a asistencia letrada ni contacto alguno con sus familias. Todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que, durante su detención en régimen de incomunicación —que en algunos casos constituyó desaparición forzada—, las fuerzas militares, de inteligencia y policiales israelíes las sometieron a tortura y a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La Ley de Combatientes Ilegítimos otorga al ejército israelí amplias facultades para detener a cualquier persona de Gaza de quien sospeche que participa en hostilidades contra Israel o que representa una amenaza para la seguridad del Estado por periodos renovables indefinidamente sin tener que presentar pruebas para justificar las acusaciones.
“Si bien el derecho internacional humanitario permite la detención de personas por razones de seguridad imperativas en situaciones de ocupación, debe haber salvaguardias para evitar la detención indefinida o arbitraria y la tortura y otros malos tratos. Esta ley omite flagrantemente estas salvaguardas: Facilita la tortura generalizada y, en algunas circunstancias, institucionaliza la desaparición forzada”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Nuestra documentación ilustra cómo las autoridades israelíes están utilizando la Ley de Combatientes Ilegítimos para detener arbitrariamente a civiles palestinos y palestinas de Gaza y arrojarlos a un agujero negro virtual durante periodos prolongados sin presentar ninguna prueba de que representen una amenaza para la seguridad y sin el mínimo debido proceso. Las autoridades israelíes deben derogar inmediatamente esta ley y liberar a las personas detenidas arbitrariamente en virtud de ella.”
Nuestra documentación ilustra cómo las autoridades israelíes están utilizando la Ley de Combatientes Ilegítimos para detener arbitrariamente a civiles palestinos y palestinas de Gaza y arrojarlos a un agujero negro virtual durante periodos prolongados sin presentar ninguna prueba de que representen una amenaza para la seguridad y sin el mínimo debido proceso.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional pide que todas las personas detenidas en aplicación de la Ley de Combatientes Ilegítimos, incluidos los presuntos miembros de grupos armados, reciban un trato humano y tengan acceso a asistencia letrada y a organismos internacionales de supervisión como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional deben ser juzgados de conformidad con las normas internacionales de imparcialidad procesal, y todas las personas civiles detenidas arbitrariamente sin cargos ni juicio deben ser puestas en libertad de forma inmediata.
El Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí (IPS) confirmó a la ONG israelí Hamoked que, a fecha 1 de julio de 2024, había 1.402 personas palestinas detenidas en virtud de la Ley de Combatientes Ilegítimos. Esta cifra excluye a las personas detenidas durante un periodo inicial de 45 días sin una orden formal.
Entre febrero y junio de 2024, Amnistía Internacional ha documentado 31 casos de detención en régimen de incomunicación y ha encontrado pruebas creíbles del uso generalizado de la tortura y otros malos tratos. La organización llevó a cabo entrevistas con 27 personas detenidas ya en libertad, todas ellas civiles arrestadas en la Franja de Gaza ocupada. También entrevistó a 4 familiares de personas civiles que llevan detenidas hasta 7 meses cuyo paradero aún no han revelado las autoridades israelíes y a un abogado y una abogada que han conseguido reunirse recientemente con personas detenidas.
El ejército israelí capturó a las personas detenidas en lugares de toda Gaza, como la ciudad de Gaza, Yabalia, Beit Lahiya y Jan Yunis, arrestándolas en escuelas que albergaban a personas desplazadas internamente y durante redadas en viviendas, hospitales y puestos de control recién instalados. Luego las trasladaron a Israel y las mantuvieron recluidas durante periodos de entre 2 semanas y un máximo de 140 días en centros de detención militares o administrados por el IPS.
Entre las personas afectadas había profesionales de la medicina a quienes detuvieron en el hospital por negarse a abandonar a sus pacientes; madres separadas de sus bebés mientras intentaban cruzar el llamado “corredor seguro” desde el norte de Gaza hacia el sur; defensores y defensoras de los derechos humanos; trabajadores y trabajadoras de la ONU; periodistas y otras personas civiles.
Todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que habían sido sometidas a tortura y otros malos tratos.
“La tortura y otros malos tratos, incluida la violencia sexual, son crímenes de guerra. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe investigar de forma independiente estas denuncias. Esto es crucial debido a la inacción documentada de la judicatura israelí a la hora de investigar de manera creíble las denuncias de tortura presentadas por personas palestinas en el pasado. Las autoridades israelíes también deben permitir el acceso inmediato y sin restricciones a todos los lugares de detención a entidades de observación independientes, acceso que se deniega desde el 7 de octubre”, ha afirmado Agnès Callamard.
La Ley de Detención de Combatientes Ilegítimos, promulgada en 2002, se invocó por primera vez en cinco años tras los terribles atentados perpetrados por Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre en el sur de Israel.
El ejército israelí invocó inicialmente la Ley para detener a presuntos participantes en los atentados del 7 de octubre, pero poco después amplió su uso para detener en masa sin cargos ni juicio a personas palestinas de Gaza. La ausencia del debido proceso hace que se haya detenido en virtud de esta ley tanto a personas civiles como a quienes participan directamente en las hostilidades.
Durante los primeros 45 días de detención, el ejército no tiene la obligación de emitir una orden de detención. La Ley niega a las personas detenidas el acceso a asistencia letrada durante un máximo de 90 días, lo que codifica la detención en régimen de incomunicación que, a su vez, facilita la tortura y otros malos tratos.
Las personas detenidas deben ser llevadas ante una autoridad judicial en un plazo máximo de 75 días desde su detención para que ésta sea objeto de revisión judicial, pero los miembros de la judicatura suele refrendar la orden de detención en simulacros de actuaciones judiciales.
La Ley no estipula un tiempo máximo de detención y permite que los servicios de seguridad mantengan detenidas a las personas en virtud de órdenes renovables indefinidamente.
La Ley de Combatientes Ilegítimos se promulgó originalmente en 2002 para permitir la detención prolongada sin cargos ni juicio de dos nacionales libaneses que no estaban bajo jurisdicción israelí. Desde su “retirada” unilateral de la Franja de Gaza ocupada en 2005, Israel utiliza esta ley para recluir a las personas de Gaza a las que considera una amenaza para la seguridad nacional durante periodos renovables indefinidamente.
En diciembre de 2023, las autoridades israelíes aprobaron una reforma temporal de la Ley que ampliaba el tiempo que el ejército puede mantener detenida a una persona palestina sin una orden de detención, que pasó de 96 horas iniciales (prorrogables hasta 7 días) a un máximo de 45 días. También aumentaba de 14 a 75 días el periodo máximo que la persona detenida puede estar privada de libertad antes de comparecer ante una autoridad judicial que revise la orden de detención, y ampliaba el tiempo que ésta puede estar recluida sin asistencia letrada de 21 días a un máximo de 6 meses, luego reducido a 3 meses. Esta reforma se renovó de nuevo en abril de 2024.
Las pruebas que justifican la detención no se facilitan ni a la persona detenida ni a la persona profesional de la abogacía que la asiste. Esto significa que muchas de las personas detenidas permanecen recluidas durante meses sin la más mínima idea de por qué están detenidas —lo que es una violación del derecho internacional—, completamente aisladas de su familia y seres queridos, y sin medios para impugnar los motivos de su detención.
Dos detenidos contaron a Amnistía Internacional que habían sido llevados ante un juez en dos ocasiones para una audiencia virtual y que en ninguna de ellas habían podido hablar ni hacer preguntas. En su lugar, se les comunicó sin más que su detención había sido renovada otros 45 días. Nunca se les informó de los fundamentos jurídicos de su detención ni de las pruebas que se habían presentado en su contra para justificarla.
Tras una petición presentada ante el Tribunal Supremo israelí por Hamoked en favor de un detenido, técnico de rayos X, procedente de Jan Yunis, el Estado informó al Tribunal en mayo de 2024 de que los abogados pueden solicitar visitar a las personas de Gaza detenidas 90 días después de su detención. Desde entonces, sólo se ha aprobado un número muy limitado de solicitudes de este tipo.
Además de negarles el acceso a asistencia letrada, también se aísla a las personas detenidas de sus familias. Las familias describieron a Amnistía Internacional la agonía de estar separadas de sus seres queridos y vivir con el temor constante de descubrir que habían muerto en prisión.
Alaa Muhanna, cuyo esposo, Ahmad Muhanna, director del hospital Al Awda, fue detenido durante una redada en el hospital el 17 de diciembre de 2023, contó a Amnistía Internacional que la única y escasa información que tiene sobre él es la que recibe de otros presos excarcelados: “Les aseguro a los niños que Ahmad está bien, que regresará pronto, pero vivir esta guerra, el desplazamiento constante, los bombardeos y también tener que luchar para saber dónde está tu esposo, no escuchar su voz, es como una guerra dentro de la guerra”.
Un trabajador de la salud liberado contó a Amnistía Internacional que no saber si su familia en Gaza estaba viva o muerta mientras él estaba detenido era “incluso peor que la tortura y el hambre”.
Los extensos periodos de detención en régimen de incomunicación facilitan la tortura al eliminar toda supervisión del estado físico de las personas detenidas y la comunicación con ellas.
Las 27 personas detenidas liberadas a las que entrevistó Amnistía Internacional coincidieron en afirmar que habían sido sometidas a tortura al menos en una ocasión durante su arresto. La organización observó marcas y hematomas compatibles con tortura en al menos una mujer y siete hombres detenidos, entrevistados en persona, y también revisó los informes médicos de dos personas que corroboraban sus relatos de tortura.
El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional ha verificado y geolocalizado al menos cinco vídeos de detenciones masivas, en algunos de los cuales se había filmado a detenidos en ropa interior tras ser arrestados en el norte de Gaza y en Jan Yunis. La desnudez pública forzada durante periodos prolongados viola la prohibición de la tortura y otros malos tratos, y constituye violencia sexual.
Los recluidos en el famoso campo de detención militar de Sde Teiman, cerca de Beersheba, en el sur de Israel, dijeron que habían permanecido con los ojos vendados y esposados todo el tiempo que estuvieron detenidos allí. Contaron que los habían obligado a permanecer en posturas en tensión durante horas y que les habían impedido hablar entre ellos o levantar la cabeza. Estos relatos son compatibles con las conclusiones de otras organizaciones de derechos humanos y organismos de la ONU, así como con numerosos informes basados en relatos de denunciantes y detenidos liberados.
Un detenido que fue liberado en junio después de 27 días recluido en un cuartel con al menos otras 120 personas contó a Amnistía Internacional que los militares los golpeaban o los enviaban a ser atacados por perros sólo por hablar con otro preso, levantar la cabeza o cambiar de postura.
Said Maarouf, pediatra de 57 años detenido por el ejército israelí durante una redada en el hospital bautista Al Ahli, en la ciudad de Gaza, en diciembre de 2023, y recluido durante 45 días en el campo militar de Sde Teiman, contó a Amnistía Internacional que los guardias lo habían mantenido todo el tiempo que estuvo detenido con los ojos vendados y esposado, y que le habían privado de comida, golpeado repetidamente y obligado a permanecer de rodillas durante largos periodos.
En otro caso, el ejército israelí arrestó a un niño de 14 años en su casa en Yabalia, en el norte de Gaza, el 1 de enero de 2024. El niño estuvo recluido 24 días en el centro de detención militar de Sde Teiman con al menos 100 detenidos adultos en un barracón. Contó a Amnistía Internacional que los interrogadores militares lo habían sometido a tortura, incluidas patadas y puñetazos en el cuello y la cabeza. Dijo también que lo habían quemado repetidamente con colillas de cigarrillo. Cuando Amnistía Internacional lo entrevistó el 3 de febrero de 2024 en la escuela donde estaba refugiado con otras familias desplazadas, se veían en el cuerpo marcas de quemaduras de cigarrillos y hematomas. Durante el tiempo que estuvo recluido, no se le permitió llamar a su familia ni ver a un abogado, y permaneció con los ojos vendados y esposado.
El 5 de junio, en respuesta a una petición de organizaciones israelíes de derechos humanos que exigían el cierre del campo militar de Sde Teiman, las autoridades israelíes anunciaron planes para mejorar las condiciones de reclusión y limitar el número de detenidos, pero más de un mes después, poco parece haber cambiado.
El abogado Khaled Mahajna pudo entrar excepcionalmente en Sde Teiman el 19 de junio y contó a Amnistía Internacional que su cliente, el periodista Mohammed Arab, le había dicho que estaba recluido junto con al menos 100 personas en el mismo barracón en condiciones inhumanas y que los detenidos no habían visto ninguna mejora en las últimas dos semanas. También dijo que llevaba detenido en Sde Teiman más de 100 días sin saber siquiera por qué.
El ejército israelí confirmó a Haaretz el 3 de junio que está investigando las muertes bajo custodia en Israel de 40 personas detenidas, 36 de las cuales habían muerto o sido asesinadas en el centro de detención militar en Sde Teiman. Todavía no se han presentado actas de acusación formal. Esta cifra no incluye a las personas detenidas que murieron o fueron asesinadas mientras estaban bajo custodia del Servicio de Instituciones Penitenciarias de Israel.
Entre las personas detenidas entrevistadas por Amnistía Internacional había 5 mujeres, todas las cuales estuvieron detenidas en régimen de incomunicación más de 50 días. Primero fueron recluidas en un campo de detención sólo para mujeres en el centro de detención militar de Anatot, en un asentamiento ilegal israelí cerca de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada, y luego en la prisión de mujeres de Damon, en el norte de Israel, controlado por el Servicio de Instituciones Penitenciarias de Israel. Ninguna de las cinco fue informada de los fundamentos de derecho de su detención ni fue llevada ante una autoridad judicial. Todas dijeron que las habían golpeado mientras se las trasladaba a un centro de detención.
Una de ellas, arrestada el 6 de diciembre en su casa, dijo que la habían separado de sus dos hijos —una niña de cuatro años y un bebé de nueve meses— y que la habían recluido inicialmente junto a cientos de hombres. La acusaron de pertenecer a Hamás, la golpearon, la obligaron a quitarse el velo y la fotografiaron sin él. También describió el tormento de ser sometida al simulacro de ejecución de su esposo:
“Al tercer día de detención, nos metieron en una zanja y empezaron a arrojar arena. Un soldado hizo dos disparos al aire y dijo que habían ejecutado a mi esposo y yo me derrumbé y le rogué que me matara a mí también para aliviarme de la pesadilla”, dijo.
Al tercer día de detención, nos metieron en una zanja y empezaron a arrojar arena. Un soldado hizo dos disparos al aire y dijo que habían ejecutado a mi esposo y yo me derrumbé y le rogué que me matara a mí también para aliviarme de la pesadilla.
Mujer exdetenida
“Estaba todo el tiempo aterrorizada y asustada por mis hijos”. Otra detenida liberada contó a Amnistía Internacional que sus reiteradas peticiones de información sobre sus hijos fueron ignoradas por los guardias penitenciarios, a los que había oído reírse y burlarse de ella.
Contó a Amnistía Internacional que después de tres semanas en la prisión de Damon le dijeron que iban a ponerla en libertad. La esposaron, le vendaron los ojos, le pusieron grilletes en los pies y la llevaron a otro lugar. Al llegar allí, en lugar de liberarla, los guardias le desgarraron la ropa con un cuchillo enorme y la sometieron a un violento registro corporal desnuda. Luego fue devuelta a Anatot, donde estuvo 18 días más.
Contó a Amnistía que los guardias de la prisión la amenazaron diciéndole: “Te vamos a hacer lo que Hamás nos ha hecho a nosotros, te secuestraremos y te violaremos”. Nunca se la informó del motivo de su detención.
Ella y otras detenidas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que las dejaron cerca del cruce de Kerem Shalom con Karem Abu Salem y que tuvieron que caminar más de media hora hasta llegar a un punto del CICR para personas presas liberadas. Todas las detenidas dijeron que nunca les devolvieron todas sus pertenencias o la mayoría de ellas, incluidos sus teléfonos, joyas y dinero.
Amnistía Internacional expresó su gran preocupación por el uso por Israel de la Ley de Combatientes Ilegítimos y por sus violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en un informe de 2012 titulado Starved of Justice: Palestinians detained without trial by Israel. Como se explica con detalle en ese informe, Israel había suspendido sus obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) alegando el hecho de que la nación está en un estado de emergencia declarado desde su formación, suspensión que continúa a día de hoy. Sin embargo, el derecho internacional humanitario, cuyas disposiciones no pueden suspenderse, exige que se respete siempre el derecho a un juicio justo. Además, el artículo 4.2 del PIDCP prohíbe la suspensión de determinados derechos consagrados en el Pacto incluso durante un estado de excepción, entre ellos el derecho a no sufrir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7). En consecuencia, la detención en régimen de incomunicación, la ausencia de un juicio justo, y la tortura y otros malos tratos violan el derecho internacional incluso durante un estado de excepción.
Más allá de esta ley, las autoridades israelíes tienen un historial de encarcelar a personas palestinas sin cargos ni juicio mediante el uso sistemático de la detención administrativa, característica clave del sistema de apartheid de Israel. Según la organización israelí de derechos humanos Hamoked, a fecha 1 de julio, las autoridades israelíes mantenían en detención administrativa a 3.379 personas, la gran mayoría de las cuales eran palestinas de la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental.
Tags: Israel, Derechos Humanos, Seguridad Humana.
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