Los gobiernos donantes que se reúnen en Bruselas, especialmente los Estados miembros de la Unión Europea (UE), deben garantizar que ninguno de los fondos prometidos para ayudar a las población siria refugiada en Líbano contribuye a la comisión de abusos contra los derechos humanos, incluidas las expulsiones a Siria, ha declarado Amnistía Internacional hoy, primer día de la octava conferencia ministerial de la UE en Bruselas sobre “Apoyar el futuro de Siria y su región”.
El 2 de mayo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, anunció un paquete de ayuda a Líbano por valor de 1.000 millones de euros, dedicado parcialmente a reforzar los servicios de seguridad libaneses para que puedan contener la migración irregular desde Líbano a Europa a través del Mediterráneo. Tan sólo unos días después, el 8 de mayo, la Seguridad General libanesa anunció nuevas medidas radicales contra las personas refugiadas sirias, incluidas restricciones de su capacidad de obtener permisos de residencia y de trabajo en el país, e incrementó las redadas, los desalojos colectivos, los arrestos y las deportaciones. Se necesitan urgentemente mecanismos sólidos de condicionalidad y supervisión para garantizar que cualquier financiación de las autoridades libanesas beneficia a las comunidades necesitadas y no contribuye a la comisión de violaciones de derechos humanos.
“Un vez más, la presidenta Von Der Leyen ha antepuesto su deseo de contenera toda costa el flujo de refugiados a Europa a la obligación de la UE de proteger a las personas refugiadas que huyen de conflictos o de la persecución. Esto parece haber envalentonado a las autoridades libanesas para intensificar su despiadada campaña contra la población refugiada empleando un discurso de odio, deportaciones forzosas y medidas opresivas en materia de residencia y trabajo”, ha afirmado Aya Majzoub, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Con todo, Líbano sigue siendo el país con el mayor número de personas refugiadas per cápita y ha tenido dificultades para prestarles ayuda en un contexto de aguda crisis económica. Como muestra de solidaridad, los Estados europeos deberían aumentar en Europa el número de reasentamientos de personas refugiadas sirias que ahora residen en Líbano.
“Los donantes en la conferencia humanitaria anual para Siria y los países receptores de refugiados deben presionar a las autoridades libanesas para que pongan fin a la represión sin precedentes de la población refugiada siria y levanten las medidas abusivas dirigidas a ejercer presión sobre ella para que abandone el país a pesar de los riesgos perfectamente documentados que correrían estas personas al regresar a Siria.”
Las organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, continúan documentando cómo las fuerzas de seguridad sirias y las milicias afines al gobierno detienen arbitrariamente, torturan, someten a desaparición forzada y matan a personas refugiadas que regresan a Siria.
“¿Qué podemos hacer sino escondernos?”
Durante los últimos dos meses, las autoridades libanesas ya han empezado a incrementar el discurso de odio hacia la población refugiada y han adoptado nuevas medidas restrictivas dirigidas a presionarla para que regrese a su país.
Amnistía Internacional habló con ocho personas refugiadas que describieron cómo están viviendo con miedo; evitando salir de casa, ir a trabajar o enviar a sus hijos e hijas a la escuela. Todas pidieron que no se revelara su identidad por miedo a las represalias.
Las organizaciones de derechos humanos coinciden de manera unánime: ninguna parte de Siria es segura para el retorno de refugiados.
Aya Majzoub, Amnistía Internacional
Los municipios anunciaron toques de queda discriminatorios contra la población refugiada siria y cerraron en todo Líbano decenas de pequeños negocios que empleaban a personas sirias o que estaban regentados por ellas. La Seguridad General libanesa (GSO) suspendió los procesos de concesión o renovación de permisos de residencia a través de contratos de arrendamiento de vivienda, patrocinio por parte de un ciudadano libanés, y garantías financieras. También advirtió a la ciudadanía libanesa de que no empleara, diera cobijo o proporcionara vivienda a las personas refugiadas sirias que carecieran de documento de residencia en Líbano, y añadió que iban a cerrar los establecimientos y tiendas de los que fueran propietarias o copropietarias personas refugiadas sirias, o que estuvieran gestionados por ellas, si no cumplían la antigua y la nueva normativa de la GSO.
La GSO también reanudó la organización de los denominados retornos “voluntarios y seguros” de refugiados sirios, y más de 400 personas refugiadas retornaron en un solo viaje el 14 de mayo.
Un hombre sirio que estaba en proceso de renovar su permiso de residencia y el de su familia cuando se anunciaron las nuevas restricciones de la GSO contó a Amnistía Internacional: “En ese momento, dejamos de ir a las oficinas de la Seguridad General, y mi esposa y yo mantenemos un perfil bajo. No trabajamos; habíamos tratado de ser legales, pero nunca lo logramos. Varios agentes iban a nuestra casa y hacían preguntas sobre nosotros, durante años. Ni una sola vez hallaron algo que pusiera en riesgo nuestra situación. Aun así, recibí una orden de deportación, mi esposa está en un limbo jurídico, y a mis hijos no les permiten renovar su permiso de residencia a través de sus patrocinadores de trabajo. “¿Qué podemos hacer sino escondernos?”
Al menos el 83% de la población refugiada siria carece de acceso a la condición de residente, lo que implica que corren peligro de arresto y deportación. El 90% de las personas refugiadas sirias que se encuentran en Líbano viven por debajo del umbral de la pobreza.
Otro hombre sirio que regenta una pequeña tienda de alimentación contó a Amnistía Internacional que la GSO visitó recientemente su negocio y le ordenó cerrarlo y abandonar el país. “No puedo dejar de trabajar; tengo que pagar el alquiler al dueño de la tienda, y el coste de los productos que vendo, a los proveedores,” dijo.
Siria no es un lugar seguro
Todos los informes de la ONU, la UE y las organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han concluido que Siria sigue sin ser un país seguro para regresar a él, y que las de personas refugiadas corren peligro de sufrir violaciones de derechos humanos, incluida tortura y persecución, si regresan. Durante los últimos meses, Siria también ha vivido la peor escalada de violencia desde 2020.
Una madre de dos hijos siria contó a Amnistía Internacional: “¡Juro que si hubiera una zona segura en Siria yo sería la primera en volver! Con segura me refiero a que no esté bajo control del régimen [sirio]. El régimen no es seguro para nosotros. ¡Mucha gente como nosotros, si tuviera la capacidad de regresar a regiones no controladas por el régimen, volvería allí enseguida, sin necesidad de viajes de retorno organizados! Si tuviera la más mínima esperanza de que mi esposo y yo no correríamos peligro al regresar, juro que no nos quedaríamos aquí en estas condiciones tan duras”.
“Las organizaciones de derechos humanos coinciden de manera unánime: ninguna parte de Siria es segura para el retorno de refugiados. Las autoridades libanesas deben dejar de deportar sumariamente a personas refugiadas a un lugar en el que corren peligro de sufrir violaciones de derechos humanos, deben levantar las restricciones y deben poner fin a su virulenta campaña contra los refugiados. Asimismo, los países de la UE tienen la obligación legal y moral de abstenerse de devolver a la fuerza a Líbano a barcos que trasladan a personas migrantes”, ha sostenido Aya Majzoub.
