LÍBANO: MILES DE PERSONAS VIVEN EN VIVIENDAS PRECARIAS EN TRÍPOLI UN AÑO DESPUÉS DE LOS DEVASTADORES TERREMOTOS

Los terremotos exacerbaron problemas estructurales existentes y ocasionaron riesgos adicionales para la población. Sin embargo, el gobierno no ha llevado a cabo inspecciones exhaustivas de los edificios en riesgo ni ha proporcionado ayuda a sus residentes. En vez de ello, las intervenciones de las autoridades se han limitado a entregar notificaciones de desalojo y, en algunos casos, a imponer multas

En la ciudad septentrional de Trípoli, miles de personas están viviendo en edificios inseguros que ponen en peligro su derecho a una vivienda adecuada y su derecho a la vida, mientras el gobierno se muestra indiferente más de un año después de los devastadores terremotos que arrasaron extensas zonas de Turquía y Siria y causaron daños en edificios en Líbano, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

En un nuevo informe, titulado Lebanon: People in Tripoli Continue to Live in Unsafe Buildings one year after the post-earthquake ‘emergency plan’, la organización concluye que, incluso antes de los terremotos, la población de Trípoli había alertado de su terrible situación en materia de vivienda, consecuencia de decenios de abandono e incumplimiento de la normativa de seguridad por los contratistas y agravada por un devastadora crisis económica que ha sustraído a los residentes los medios que les permitirían realizar reparaciones o acceder a viviendas alternativas.

Los terremotos exacerbaron problemas estructurales existentes y ocasionaron riesgos adicionales para la población. Sin embargo, el gobierno no ha llevado a cabo inspecciones exhaustivas de los edificios en riesgo ni ha proporcionado ayuda a sus residentes. En vez de ello, las intervenciones de las autoridades se han limitado a entregar notificaciones de desalojo y, en algunos casos, a imponer multas.

“El gobierno libanés ha desatendido gravemente su responsabilidad de establecer un plan claro para reparar los edificios dañados y garantizar que a sus residentes se les ofrece ayuda, incluidas indemnizaciones y una vivienda alternativa cuando proceda. Y ello, a pesar de que las incompletas inspecciones municipales han concluido que los edificios son inseguros y que podrían derrumbarse en cualquier momento”, ha afirmado Sahar Mandour, investigadora de Amnistía Internacional sobre Líbano.

“El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano. Es vergonzoso que a quienes viven en la ciudad con el índice de pobreza más elevado de Líbano se les haya abandonado a su suerte y que, en algunos casos, se les haya entregado notificaciones de desalojo. La desatención gubernamental y la mera falta de preparación implican que, un año después de los terremotos, miles de personas se ven obligadas cada día a realizar una elección imposible: seguir viviendo en una casa insegura o caer en la indigencia.”

El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano. Es vergonzoso que a quienes viven en la ciudad con el índice de pobreza más elevado de Líbano se les haya abandonado a su suerte y que, en algunos casos, se les haya entregado notificaciones de desalojo.

Sahar Mandour, investigadora de Amnistía Internacional sobre Líbano

Sólo en los últimos 6 meses, 8 personas han perdido la vida por el derrumbe de su vivienda. El 11 de febrero, un inmueble de cinco plantas se hundió en Choueifat, en el sur de Beirut. El edificio comenzó a temblar 15 minutos antes de derrumbarse, por lo que sus habitantes tuvieron suficiente tiempo para evacuarlo.

En una investigación de 2022, el municipio concluyó que 236 edificios corrían peligro de derrumbe. En agosto de 2023, 6 meses después del seísmo, el municipio declaró que había identificado entre 800 y 1.000 edificios en peligro, cifra más de 4 veces superior a la anterior a los terremotos.

Un equipo de investigación de Amnistía Internacional realizó visitas sobre el terreno a los barrios de El Tal y Zehrieh, el Viejo Zoco, Al Qubbeh y Dahr El Maghar de Trípoli en abril de 2023 y entrevistó a 13 familias que vivían en edificios que el municipio había clasificado en riesgo de derrumbe. También hizo entrevistas de seguimiento a 12 de esas familias en diciembre de 2023. La organización también habló con representantes de los gobiernos nacional y local, así como con organizaciones de la sociedad civil.

Inmediatamente después de los terremotos, el gobierno encargó a los municipios que llevaran a cabo inspecciones de los edificios inseguros e informaran de sus conclusiones al Ministerio del Interior en un plazo de 72 horas. El primer ministro interino también autorizó al Consejo Superior de Socorro —órgano gubernamental, establecido en 1976, responsable de la recepción de las donaciones de ayuda humanitaria y de su distribución a las personas que la necesitan— a distribuir 30 millones de libras libanesas (aproximadamente 320 dólares estadounidenses) como “complemento por vivienda” a las personas que vivieran en edificios inseguros para el pago de 3 meses de alquiler, periodo durante el cual se esperaba que repararan su vivienda o hallaran una solución más duradera, pagando de su propio bolsillo.

Un año después, todas las personas residentes entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que seguían viviendo en sus casas gravemente deterioradas porque no podían repararlas ni acceder a una vivienda alternativa. El gobierno no llevó a término la inspección de los edificios inseguros y sólo una de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional tenía conocimiento del complemento de 320 dólares por vivienda.

Pudimos salvar a mi esposa, la rescatamos primero. Cuando logramos llegar hasta mi hija, estaba muerta.

Khaled Diko, cuya hija Jumana, de 5 años, murió por el derrumbe de un edificio en 2022

Trípoli es una de la ciudades más marginadas de Líbano y la que tiene mayor concentración de edificios inseguros del país. El 18 de septiembre de 2023, el derrumbe de un edificio histórico de tres plantas deshabitado en el barrio de al Zehrieh reavivó el temor de la población por su seguridad. En junio de 2022, Jumana Diko, de cinco años, perdió la vida a causa del derrumbe de un edificio en Dahr El Maghar, Trípoli. Su padre, Khaled, dijo: “Pudimos salvar a mi esposa, la rescatamos primero. Cuando logramos llegar hasta mi hija, estaba muerta.” En octubre de 2021, siete meses después de esa tragedia, las hermanas Sabah y Hayat El Zohbi fallecieron cuando el balcón de la vieja casa de la familia, en el barrio de Al Qubbeh, se derrumbó.

La inacción del gobierno se ha visto agravada por años de mala gestión y corrupción, y por una crisis económica devastadora que ha sumido en la pobreza a más del 75% de la población, en ausencia de un sistema funcional de protección social. En Líbano, la mayoría de los edificios no cumplen las mínimas normas de seguridad.

“El gobierno libanés debe cumplir urgentemente sus obligaciones y proteger el derecho a una vivienda segura y adecuada, a pesar de la crisis económica. Debe adoptar de inmediato medidas para garantizar la seguridad y el derecho a la vivienda de todas las personas que viven en edificios que se considera que están en riesgo de derrumbe”, ha sostenido Sahar Mandour.

“Eso incluye acelerar la inspección nacional de los edificios en riesgo, reparar las viviendas dañadas, informar a los residentes de su derecho a un complemento temporal por vivienda y proporcionar una vivienda alternativa a las personas que no puedan procurársela por sí mismas; todo ello, mediante un proceso de consulta genuina a las personas afectadas.”