VENEZUELA: DETIENEN A DEFENSORA ROCÍO SAN MIGUEL Y SU FAMILIA

Rocío San Miguel no ha tenido acceso a sus familiares ni representación legal. Ella está detenida por defender los derechos humanos en Venezuela. Amnistía Internacional exige a Nicolás Maduro su libertad inmediata e incondicional y que se garantice su integridad persona

Rocío San Miguel, reconocida defensora de derechos humanos, fue detenida arbitrariamente el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto de Caracas, Venezuela. Se encuentra desaparecida forzosamente, lo cual se asemeja a un patrón ampliamente documentado. El fiscal general de la República reconoció públicamente su detención, pero ha negado información sobre su paradero. Sus abogados han requerido información en centros de detención en Caracas y hasta la fecha no han recibido respuesta. Su hija y otros familiares también fueron detenidos. Rocío San Miguel no ha tenido acceso a sus familiares ni representación legal. Ella está detenida por defender los derechos humanos en Venezuela. Amnistía Internacional exige a Nicolás Maduro su libertad inmediata e incondicional y que se garantice su integridad personal.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

President Nicolas Maduro

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,

Edificio Palacio de Miraflores,

Avenida Urdaneta,

Caracas, Venezuela

Twitter: @NicolasMaduro

Presidente Nicolás Maduro,

Le escribo con suma preocupación por motivo de la detención arbitraria y desaparición forzada de Rocío San Miguel, su hija y otras personas de su entorno familiar. La denegación de información sobre su paradero, así como la falta de acceso a sus familiares y representación legal recuerdan a un patrón ampliamente documentado de desapariciones forzadas en los primeros días seguidos a una detención arbitraria, lo cual podría constituir un crimen bajo el derecho internacional. Rocío, que tiene nacionalidad venezolana y española, es una valiente y reconocida abogada defensora de derechos humanos, actualmente la presidenta de la ONG Control Ciudadano.

Rocío fue detenida aproximadamente a las 5:00 de la mañana del viernes 9 de febrero en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a la ciudad de Caracas. Desde entonces se desconoce su paradero y sus familiares y abogados no han podido tener contacto con ella. Rocío se encuentra además en alto riesgo de ser sometida a tortura u otros malos tratos.

Las autoridades venezolanas tienen una obligación de garantizar su protección como defensora de derechos humanos, como declaró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al otorgarle medidas cautelares en 2012. A pesar de ello, Rocío ha sido atacada, hostigada y detenida arbitrariamente por su labor por los derechos humanos en Venezuela.

Exigimos la libertad inmediata e incondicional de Rocío San Miguel, así como el cese definitivo de la política de represión contra las personas consideradas críticas a su gobierno. Mientras esté injustamente detenida, las autoridades deben garantizar el acceso a sus familiares y representantes legales de su elección. También exigimos la libertad de las personas de su entorno familiar injustamente detenidas.

Atentamente,

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Rocío San Miguel es una reconocida abogada, profesora y defensora de derechos humanos en Venezuela y a nivel internacional. La ONG que preside, Control Ciudadano, se destaca por realizar investigaciones y monitoreo de temas de derechos humanos vinculados a la seguridad pública y la labor de las fuerzas armadas. En el contexto de la detención arbitraria y desaparición forzada de Rocío San Miguel, también fueron detenidas varias personas de su entorno familiar, incluida su hija, Miranda Díaz San Miguel, dos hermanos, Miguel Ángel San Miguel Sosa y Alberto San Miguel Quigosos, el padre de Miranda, Víctor Díaz Paruta, y su expareja, Alejandro González Canales.

Amnistía Internacional ha denunciado durante años el uso de detenciones arbitrarias por motivos políticos como parte de una política de represión implementada por el gobierno de Nicolás Maduro contra personas que puedan ser consideradas críticas por y hacia el gobierno. Las detenciones arbitrarias son parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población de Venezuela y podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Además de las detenciones arbitrarias por motivos políticos, las desapariciones forzadas de corta o larga duración también han sido parte de la política de represión del gobierno venezolano. Esta práctica ha sido documentada y denunciada por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, así como por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, ambas de Naciones Unidas.

Las personas defensoras de derechos humanos corren un riesgo constante de hostigamiento, ataques y detención arbitraria. El defensor de derechos humanos, preso de conciencia y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, continúa detenido desde julio de 2021 y está sometido a un proceso penal injusto solamente por defender los derechos humanos en Venezuela. Pedimos su libertad inmediata e incondicional.

El gobierno de Nicolás Maduro ha hostigado, perseguido y censurado continuamente a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en medio de una emergencia humanitaria compleja y una profunda crisis de derechos humanos que está haciendo huir a un número sin precedentes de personas en busca de seguridad y protección. A noviembre de 2023, más de 7.72 millones de personas han huido de violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela, lo cual representa más del 25% de la población total del país.

Desde 2020, tres informes de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela han documentado minuciosamente cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias; y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014; así como las formas en que el sistema de justicia sirve como herramienta a la política de represión del gobierno, y concluyó que estas graves violaciones a los derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.