En respuesta al ahorcamiento de cinco personas por las autoridades kuwaitíes ayer, incluida una que había sido declarada culpable de delitos de drogas, Rawya Rageh, directora adjunta interina de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha manifestado: 

“El gobierno de Kuwait ha ejecutado ya a una decena de personas en menos de un año, alegando un enfoque de ‘mano dura contra la delincuencia’ que se pliega a los peores instintos del ser humano. La ejecución de un hombre por un delito de drogas viola el derecho internacional, que prohíbe aplicar la pena de muerte por delitos de este tipo.” 

Es profundamente decepcionante que Kuwait haya retomado las ejecuciones con tanto vigor, sobre todo cuando las había suspendido durante cinco años a partir de 2017. 

“No existen pruebas creíbles de que este tipo de ejecuciones estatales tengan un mayor efecto disuasorio que las condenas de prisión. La organización pide a las autoridades kuwaitíes que declaren de inmediato la suspensión oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena capital.” 

No existen pruebas creíbles de que este tipo de ejecuciones estatales tengan un mayor efecto disuasorio que las condenas de prisión. Amnistía Internacional pide a las autoridades kuwaitíes que declaren de inmediato la suspensión oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena capital.

Rawya Rageh, directora adjunta interina de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África

Información complementaria 

La Fiscalía kuwaití anunció en Twitter el 27 de julio que las cinco personas ejecutadas eran: Abdul Aziz al Mutairi, kuwaití declarado culpable de asesinato premeditado; Gamal Ibrahim, egipcio declarado culpable de asesinato premeditado; Ahmad Shibrim, descrito únicamente como “residente ilegal” y declarado culpable de asesinato premeditado; Abdul-Rahman Saud, también descrito únicamente como “residente ilegal” y declarado culpable de facilitar la logística del atentado suicida del 26 de junio de 2015 contra la mezquita chií Imam Al Sadeq de la ciudad de Kuwait, en el que murieron 26 personas y más de 200 resultaron heridas y que fue reivindicado por el Estado Islámico; y Jodi Ravindra, srilankés declarado culpable de “posesión con intención de consumir drogas intoxicantes y psicoactivas y traficar con ellas”. Kuwait utiliza oficialmente el término “residente ilegal” para describir a la población apátrida nativa del país, conocida coloquialmente como bidun. 

Kuwait no llevó a cabo ejecuciones desde enero de 2017 hasta el 16 de noviembre de 2022, cuando ejecutó a siete personas —cuatro kuwaitíes, un sirio, un paquistaní y una etíope— alegando que con ello disuadiría la delincuencia.

Las ejecuciones de Kuwait forman parte de una preocupante tendencia al alza de las ejecuciones por parte de los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo en los últimos años. Arabia Saudí ha ejecutado a más de 50 personas en lo que va de 2023, algunas por delitos de drogas. Bahréin reanudó las ejecuciones en 2017 tras suspenderlas durante más de seis años, y desde entonces ha ejecutado a seis personas.