IRÁN: LAS EJECUCIONES DE MANIFESTANTES TORTURADOS DEBEN DESENCADENAR UNA ENÉRGICA REACCIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Los gobiernos deben denunciar urgentemente estas ejecuciones, en los términos más enérgicos posibles, mediante declaraciones públicas y gestiones

En respuesta a la ejecución de tres manifestantes torturados —Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi— tras un juicio sin garantías ni remotamente parecido a un procedimiento judicial serio, Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha manifestado:

“Nos horroriza la escalofriante ejecución de estos manifestantes que se ha llevado a cabo esta mañana. Fueron condenados a muerte menos de dos meses después de su detención, y ejecutados tras sólo unas semanas después de que el Tribunal Supremo confirmara sus injustas sentencias condenatorias y penas de muerte sin tener en cuenta la falta de pruebas y las graves denuncias de tortura. La sorprendente velocidad con la que se condujo a estos tres hombres hacia la muerte ilustra el flagrante desprecio de las autoridades por los derechos a la vida y a un juicio justo.”

“Estas ejecuciones están concebidas por las autoridades iraníes para hacer llegar al mundo y a la población de Irán el contundente mensaje de que no se detendrán ante nada para reprimir y castigar la disidencia. Si no hay una enérgica respuesta internacional, las autoridades seguirán disfrutando sin inmutarse de su impunidad, con consecuencias letales para la población de Irán.”

“Los gobiernos deben denunciar urgentemente estas ejecuciones, en los términos más enérgicos posibles, mediante declaraciones públicas y gestiones. Sin embargo, esto no es suficiente ante el uso implacable que hacen las autoridades iraníes de la pena de muerte. Para los y las iraníes, el tiempo es un lujo al que no tienen acceso: se les quita la vida arbitrariamente a un ritmo endiablado, en simulacros de ejecuciones judiciales.”

“Instamos a todos los Estados a ejercer la jurisdicción universal sobre todos los funcionarios iraníes contra los que existan pruebas admisibles suficientes de responsabilidad penal en torturas y otros delitos de derecho internacional.”

“A las autoridades iraníes debe hacérseles entender inequívocamente que el mundo no asistirá indiferente a su intensificación del uso de la pena de muerte como herramienta de represión política.”

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi fueron detenidos en noviembre de 2022 tras participar en las manifestaciones celebradas en la ciudad de Isfahán durante la oleada de protestas que desencadenó en todo el país la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini.

Según fuentes bien informadas, fueron torturados tras ser sometidos a desaparición forzada y obligados a realizar las declaraciones incriminatorias en las que se basó la causa penal en su contra. Las fuentes contaron que los interrogadores colgaron a Majid Kazemi cabeza abajo y le mostraron un vídeo en el que torturaban a su hermano, también detenido. También lo sometieron al menos a 15 simulacros de ejecución haciéndole subirse a una silla y colocándole una soga alrededor del cuello, y bajándolo en el último momento. En los días previos al juicio, amenazaron con matar a sus hermanos si no aceptaba sus cargos y “confesaba” lo que le dijeran.

En un mensaje de audio enviado desde la prisión de Dastgerd, donde los tres hombres estaban recluidos, se escucha a Majid Kazemi decir: “Juro por Dios que soy inocente. No llevaba ningún arma. [Los agentes de las fuerzas de seguridad] no dejaban de golpearme y ordenarme que dijera que esta arma es mía. […] Les dije que diría lo que quisieran, pero que por favor dejaran en paz a mi familia. Hice lo que ellos querían por la tortura”.

Los hombres fueron juzgados en diciembre de 2022 y enero de 2023, y condenados a muerte por el general e impreciso cargo de “enemistad con Dios” (moharebeh). Este cargo se basó en acusaciones infundadas —producto de “confesiones” realizadas bajo tortura— de que los hombres habían utilizado armas de fuego en un incidente que había tenido lugar durante las protestas en Isfahán, en el cual murieron tres miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no los acusaron ni los declararon culpables de asesinato por esas muertes.El 10 de mayo, las autoridades anunciaron que el Tribunal Supremo había confirmado sus sentencias condenatorias y penas de muerte a pesar de la vulneración de su derecho al debido proceso, las importantes deficiencias procedimentales, la falta de pruebas y las denuncias de tortura que nunca se investigaron. Según fuentes bien informadas, las autoridades habían comunicado en varias ocasiones a las familias de los hombres antes de la decisión del Tribunal Supremo que serían indultados y puestos en libertad por falta de pruebas.

Los hombres fueron enterrados en tres lugares diferentes bajo estrictas medidas de seguridad. Después de ejecutar a Majid Kazemi esta mañana, las autoridades detuvieron a uno de sus hermanos.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución, porque considera que viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.