Publicado por: Comunicaciones CEPAZ
En el marco de su décimo aniversario, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) publica su informe 10 Años de persecución en Venezuela: La consolidación de un sistema sofisticado de represión, el cual busca contribuir, con una documentación sólida, a la justicia, a la rendición de cuentas y al fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos en nuestro país.
«Este informe no solo es un ejercicio de denuncia, sino también un testimonio de un periodo obscuro, un compromiso con la verdad, un ejercicio de memoria con la determinación que la respuesta necesaria es la justicia, para que las víctimas y sus casos no sean olvidados y para que en Venezuela podamos construir una paz duradera. En este camino, la denuncia y la búsqueda de justicia han sido fundamentales para evitar el olvido y para comprender las dimensiones de la crisis que debemos atender», indicó Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz en las palabras de introducción del informe.
Desde Cepaz, en los diez años que han transcurrido desde nuestra fundación, hemos registrado torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Esta alarmante realidad acumula un número significativo de víctimas, que sufren la falta de justicia.
Los resultados del informe se derivan de un riguroso trabajo de investigación, con un uso sistemático de las fuentes de información que nos ha permitido concluir que existe un sistema de represión, así como patrones de persecución y criminalización en Venezuela, que han evolucionado con el tiempo, reflejando una visión clara y fundamentada de la situación, basada en datos sólidos y un análisis exhaustivo.
El primer informe de persecución elaborado por la Cepaz en el año 2014 constituyó una primera aproximación a la identificación de patrones, víctimas y perpetradores de persecuciones políticas que se habían desarrollado en los últimos años, pero que se profundizaron significativamente en el 2014. Desde entonces identificamos diversas razones que subrayaron la necesidad de establecer un monitoreo sistemático de los actos de persecución y criminalización ejercidos como una política de Estado.
En primer lugar, el Estado venezolano intensificó sus acciones represivas, lo que resultó en un aumento de las violaciones de derechos humanos que hoy aún se mantienen. En segundo lugar, el mismo Estado ha mostrado una falta de transparencia y opacidad en la documentación y reconocimiento de violaciones a los derechos humanos, dificultando el acceso a la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y la no repetición.
Esta labor de monitoreo permite construir una memoria histórica detallada de las violaciones de derechos humanos, para evitar la repetición de estos actos atroces en el futuro. Esto ocurre en un contexto sin institucionalidad democrática, sin Estado de derecho, ni independencia de los poderes.
Los primeros años del monitoreo estuvieron enfocados en reconocer y documentar patrones de persecución y criminalización, así como en registrar casos emblemáticos que permitieran ejemplificar estos patrones. Desde 2021 se estableció una periodicidad mensual para los reportes.
Es así como desde enero de 2021 hasta marzo de 2024, desde Cepaz hemos documentado 2098 casos de persecución y criminalización, 186 actos ocurrieron contra organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos, 730 contra personas vinculadas con la política, 472 contra la población, 701 contra trabajadores de la comunicación y 9 contra universidades.
Del total de 2098 casos de persecución documentados, 257 ocurrieron contra mujeres, 737 contra hombres y en 1104 casos no fue posible disgregar el género, ya que son actos que atentan contra hombres y mujeres, o porque no pudo o no quiso ser identificada la víctima.
En estos poco más de 3 años de monitoreo mensual y continuo pudimos identificar al menos 20 patrones de persecución y criminalización:
Los perpetradores de estos 2098 casos de persecución fueron:
En contextos electorales y preelectorales aumentan y se agravan los casos de persecución y criminalización. Al comparar las cifras de acciones persecutorias registradas en años electorales y no electorales podemos señalar que en 2021, cuando se llevaron a cabo elecciones regionales y municipales en Venezuela se documentaron más de 800 casos de persecución y criminalización, mientras que el año 2022, cuando no hubo contiendas electorales, el número de casos se redujo a 523. Por su parte, en el año 2023 en donde se desarrollaron las elecciones primarias de la oposición, el número de acciones persecutorias nuevamente aumentó hasta alcanzar 614 casos. En el año 2024 no solo hemos observado un aumento de los actos de persecución, sino también en el uso de mecanismos represivos más duros, como las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas.
El gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado la emergencia humanitaria compleja como un medio para consolidar el control sobre la población. La estrategia ha involucrado el intercambio de votos y apoyo político por bolsas de comida, bonos económicos y otros beneficios sociales. Esta práctica se desarrolla a través de la plataforma virtual vinculada con el partido oficialista denominada “Sistema Patria”. La inscripción en esta plataforma condiciona a los grupos más vulnerables a la dependencia estatal, perdiendo su capacidad de autonomía, ya que los subordina a la obtención de beneficios económicos, de alimentación y de salud, a través del respaldo al partido político oficialista.
Pero la coacción económica no es el único mecanismo de control social, pues el Gobierno ha implementado una política sistemática de criminalización de la protesta, caracterizada por la aplicación de castigos ejemplarizantes para disuadir la disidencia. Este patrón de represión incluye detenciones arbitrarias, amenazas, y violencia, creando un ambiente de intimidación diseñado para silenciar las demandas legítimas de la población y por tanto controlarlas.
El impacto de la política de persecución y criminalización sobre el espacio cívico venezolano ha sido devastador. Las libertades fundamentales de asociación, expresión y manifestación se han visto gravemente restringidas. Los actores de la sociedad civil, incluyendo periodistas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, enfrentan un entorno de constantes amenazas, hostigamientos y estigmatización. Este clima de intimidación no solo busca silenciar las voces críticas, sino que también desarticula los esfuerzos colectivos para promover y proteger los derechos humanos en el país.
La criminalización contra las organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos se extiende a las vulneraciones más graves a las libertades fundamentales, como las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas. Alertamos sobre la situación del defensor José Javier Tarazona Sánchez, quien se encuentra detenido arbitrariamente desde el año 2021, y de Rocío San Miguel, víctima de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, irregularidades en procedimientos judiciales y amenazas graves contra familiares.
En Venezuela, la persecución y criminalización de individuos por motivos políticos es una realidad extendida que afecta tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, cuando estas acciones se dirigen contra mujeres, el impacto es diferenciado, exacerbado por actitudes y actos de violencias de género por parte de los perpetradores.
Las mujeres en Venezuela experimentan una forma diferenciada y a menudo más severa de persecución y criminalización. Los roles de género tradicionales, la discriminación sistemática, el control social, la instrumentalización para la violencia y las agresiones específicas de género convergen para crear un panorama de represión donde las mujeres están en una posición de particular amenaza y riesgo.
Con el monitoreo de persecución y criminalización de 10 años de Cepaz, hemos observado cómo el gobierno de Nicolás Maduro ha desplegado un sistema represivo sofisticado. Tal y como lo ha definido la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, el gobierno ha utilizado mecanismos «duros» y «blandos» para controlar y silenciar a las personas consideradas enemigas a su política de Estado basada en la permanencia indefinida en el poder.
Entre los patrones de persecución y criminalización que podemos señalar como ejemplo de mecanismos duros encontramos el uso de la fuerza durante las protestas. Este método implica el empleo desproporcionado de la fuerza, la represión y la violencia extrema contra manifestantes y opositores como mecanismos de disolución de manifestaciones, generando lesiones físicas graves, un impacto psicológico duradero e incluso la muerte en los manifestantes. Esto lo pudimos observar especialmente durante las manifestaciones del año 2014 y 2017.
Otro de los patrones documentados que ejemplifican el uso por parte del Estado de mecanismos de represión duros, son las detenciones arbitrarias. Desde el año 2021 y hasta el primer trimestre del año 2024, hemos documentado 205 casos de detenciones arbitrarias.
Podemos también señalar las desapariciones forzadas, este es un patrón que se ha agudizado profundamente en el año 2024, en donde solo en los primeros tres meses del año hemos documentado 17 detenciones arbitrarias bajo la figura previa de la desaparición forzada.
Entre los patrones que podemos catalogar como ejemplos de mecanismos blandos están los actos de amenazas, intimidaciones y hostigamientos. Este es el patrón que más emplea el Estado venezolano. En los últimos tres años hemos documentado 881 casos, que combinados con mecanismos de represión más “duros” han logrado mantener latente la amenaza y el estado de vigilancia que le asegura el control continuo y la desmovilización por miedo de la población y otros actores del espacio cívico. La capacidad del Estado para alternar, combinar y adaptar sus mecanismos represivos, según la situación, demuestra un alto grado de planificación y sofisticación en torno al ejercicio de los patrones de persecución y criminalización.
A pesar de que el Estado venezolano ha sido objeto de múltiples evaluaciones y recomendaciones de mecanismos internacionales, diseñadas para afrontar y contrarrestar las falencias estructurales que han conducido al país a la emergencia humanitaria compleja y al cuadro de graves violaciones a los derechos humanos, la implementación de estas recomendaciones ha sido nula o extremadamente limitada. La falta de acción por parte del gobierno venezolano y aún más el intento de transmitir una imagen de colaboración mientras continúa la política de persecución, no solo demuestra una actitud de indiferencia hacia las obligaciones internacionales, sino que también perpetúa las condiciones que han llevado al país a una crisis humanitaria y de derechos humanos.
Desde Cepaz hacemos un llamado urgente tanto a la comunidad internacional a trabajar de manera coordinada frente a la crisis de múltiples dimensiones que aqueja a la población venezolana, como al Estado venezolano a detener la persecución y a establecer mecanismos efectivos para la búsqueda de justicia, la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas y sus familiares.
También apelamos a los organismos internacionales para que mantengan y fortalezcan sus mandatos de monitoreo, protección e investigación sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, asegurando la continuidad de mecanismos independientes como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos.
Consulte el informe 10 años de persecución en Venezuela. La consolidación de un sistema sofisticado de represión aquí
Tags: Venezuela, Derechos Humanos, Seguridad Humana.
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